- Costa Rica podría dejar atrás 70 años de asambleas dominadas por PLN y PUSC y entrar en una nueva era política sin contrapesos claros.
Costa Rica podría vivir en 2026 el reacomodo institucional más fuerte desde la Segunda República.
El más reciente estudio del CIEP de la UCR confirma que siete de cada diez costarricenses no quebrará el voto en las próximas elecciones. Esto significa que la mayoría elegirá presidente y diputados del mismo partido.
En ese escenario, y con Pueblo Soberano encabezando la intención de voto legislativa con un 14%, seguido de Liberación Nacional (8%) y el Frente Amplio (6%), el país podría pasar de una Asamblea fragmentada a otra dominada por un solo bloque.
Las implicaciones son profundas:
Entre 2026 y 2030, la Asamblea deberá nombrar 15 magistrados, casi un tercio de toda la Corte Suprema de Justicia, además de elegir al Contralor General, ratificar al Procurador General y decidir quién será el próximo Fiscal General.
Se trata de las piezas centrales del sistema de pesos y contrapesos del Estado costarricense.
El oficialismo defiende la mayoría
La diputada oficialista Pilar Cisneros sostiene que una eventual mayoría oficialista sería legítima y necesaria:
“Ahora resulta que, si el pueblo decide darle una buena cantidad de diputados a un gobierno de continuidad de doña Laura Fernández, es dictadura, pero cuando liberación y la unidad se repartían hasta 50 diputados entre los 2 durante décadas, nunca nadie pensó en una dictadura.”
Añade que esa mayoría permitiría reformas profundas:
“El objetivo sería cambiar una serie de leyes trascendentales para el país (…) desde contratación administrativa hasta la manera como se escogen los magistrados o incluso sacar a la sala cuarta.”
El fin de una era política
Para el analista político Víctor Ramírez, el país está cerrando un ciclo histórico:
“El que se cierra es el que hemos llamado la Segunda República (…) dominada por liberacionismo y antiliberacionismo desde 1953. Todo indica que, a partir de febrero, eso cambiará por primera vez desde 1948.”
Ramírez explica que, por décadas, la Asamblea giró en torno a PLN y PUSC, que se alternaron en mayorías que alcanzaban los 40 o incluso 50 diputados.
Riesgos y ventajas
El politólogo Mario Quirós señala los riesgos del nuevo escenario:
“Hay un riesgo evidente de concentración de poder (…) se va a reducir la diversidad de visiones y el sistema de pesos y contrapesos se debilita.”
Pero también reconoce que podría agilizar decisiones:
“Si se nombraran personas con trayectoria técnica sólida (…) podríamos tener mayor capacidad para tomar decisiones y destrabar reformas.
La visión desde dentro: Kattia Calvo, candidata a diputación por Pueblo Soberano
La candidata Kattia Calvo confirma que su partido buscará cambios profundos en las instituciones clave del Estado. Sus declaraciones son de los planteamientos más directos y estructurales en esta discusión:
Sobre la Contraloría:
“La Contralora debe cambiarse, esta obedece a intereses espurios y es aficionada a coadministrar. Necesitamos una Contraloría que cumpla su deber (…) Debe dejar de coadministrar y obstruir.”
Sobre reformas legislativas internas:
“No es posible que un diputado pueda presentar 200 y más mociones para varar un proyecto de ley, es absurdo. Los diputados deben rendir cuentas, reducir beneficios, cumplir con la asistencia, reducir permisos de viaje y justificar cada gasto.”
Sobre el Poder Judicial:
“El Poder Judicial no puede seguir concentrando este nivel de poder que le permite ser juez y parte. Debe independizarse la Sala Constitucional, el OIJ y por supuesto el Fiscal General.”
Sobre los magistrados:
“Los magistrados no deben reelegirse indefinidamente más de dos períodos (…) Debe haber evaluación del desempeño; la mora judicial es terrible y hay que eficientar desde las cabezas.”
Sobre la Defensoría, Fiscalía y Procuraduría:
“La Defensoría debe remozarse y modernizarse.
El Fiscal General debe sustituirse con urgencia (…) El procurador debe seleccionarse con mucho cuidado y con comunicación directa con el Ejecutivo.”
