En una amplia entrevista con Noticias Columbia, el exministro de Seguridad, exfiscal, exmagistrado y ahora abogado penalista, Celso Gamboa Sánchez, expresó su criterio acerca de los procesos penales contra menores de edad sospechosos de cometer delitos graves como homicidios. Foto: Archivo.
Aquí puede leer la conversación completa:
Tratamos un tema que en los últimos días ha cobrado gran relevancia y es este debate jurídico que se ha abierto con respecto al caso del joven Marco Calzada, que fue asesinado en San José el 2 de julio. Hay voces hablando de que, como hay menores de edad involucrados, se debería analizar la posibilidad de que las penas sean más severas en el caso de los delitos graves como por ejemplo homicidios, robos agravados o secuestros.
Vimos una publicación suya en redes sociales en la que usted advertía de la posibilidad de que fuera un comentario impopular, pero decía que en Costa Rica ya hay una legislación bastante rigurosa en cuanto a menores de edad…
“En efecto, hay varias circunstancias que convergen con la lamentable muerte del joven Calzada pero lo más importante es llamar a la sensatez y la prudencia y a que no se puede legislar con el hígado y al calor de la circunstancia.
Costa Rica es uno de los países que tiene la Ley Penal Juvenil más rigurosa en América… las penas más altas en América y la función de la sanción en materia Penal Juvenil es completamente diversa a la función en materia penal de adultos; es una función psicopedagógica, es una función que permite encontrar las causas, el por qué y procura un plan remedial para que la persona menor de edad pueda retomar su camino y ser una persona de bien en la sociedad.
Aún así hay menores que enfrentan conflicto con la ley penal y que precisamente se prevén los mecanismos de contención para que puedan ser reinsertados a la sociedad como personas de bien. Es lamentable que personas menores de edad estén cometiendo delitos, sin embargo, hay un entorno que los conduce a la comisión de hechos delictivos que también debe ser analizado por aparte y, por supuesto, no podríamos siquiera pensar en un retroceso en materia de Derechos Humanos y en materia de la protección de los Derechos del Niño, pensar en juzgar como adultos a personas menores de edad.
Es ahí donde radica mi llamado a la cordura y la sensatez a que no legislemos en tiempos de crisis sino después de una jornada de reflexión y meditación profunda sobre un tema tan delicado como es nuestra juventud”.
Don Celso, desde la perspectiva de las víctimas siempre va a resultar, tal vez controversial, el hecho de abogar por que no se aumenten las penas en contra de menores de edad, sobre todo si se involucran en crímenes muy violentos. Hay quienes tienen la tesis de que ellos se comportan casi como adultos o hasta más agresivos que los adultos.
¿Cómo es que, sacándolo del marco jurídico, se puede dar comprensión a este tipo de posición legal?
“Es ahí donde tenemos que empezar a tener la sensatez. Son niños o jóvenes que se comportan como adultos pero que no tienen la mentalidad de un adulto. Tendríamos que comparar y decirle a la gente que el aumento de penas para nada ha reducido la comisión de delitos.
Costa Rica lleva más de 300 personas asesinadas en un trimestre este año y tenemos las penas más altas también de América en materia de adultos en temas de delitos contra la vida por ejemplo. Nicaragua tiene hasta 25 años y Costa Rica hasta 50 años de cárcel y hay más hechos delictivos cometidos en Costa Rica.
No es un tema de aumento de penas para reducir delitos, ya eso es una tesis antiquísima, es una tesis en desuso y simplemente sirve, lamentablemente, para que algunas personas jalen votos o réditos para sus molinos. Esta circunstancia lo que hace es producir mayor hacinamiento en el sistema penal costarricense”.
¿Cuáles son las penas máximas a las que se exponen los menores de edad por delitos graves en Costa Rica?
“15 años de prisión es la sanción más alta que puede recibir un menor de edad por cualquier hecho delictivo que haya cometido y la sufren los que tienen más de 12 años y menos de 18”
Cuándo entran al sistema penitenciario y pasan a ser mayores de edad, ¿cambia en algo la circunstancia?
“Cambia porque dejan el centro de menores y pasan a lo que se denomina adulto joven, donde empiezan a descontar con jóvenes en sus mismas circunstancias, precisamente para no perder esa función psicopedagógica que tiene la pena en materia Penal Juvenil que es muy diferente a la materia penal de adultos”.
Le agradezco una reflexión en el entendido de que en este caso (de Marco Calzada) se entregan tres menores de edad y los otros dos involucrados, tienen 21 años de edad apenas. En el asesinato múltiple que hubo en Santa Cruz de Guanacaste los dos sospechosos detenidos, igual… 21 y 24 años. ¿Qué está sucediendo?
“El país tiene que entrar en una reflexión en cuanto a las políticas públicas de seguridad ciudadana. Esto es posible que sea contenido. Recordemos que hemos estado en peores circunstancias y el país se ha logrado recomponer.
Hay que volver al método científico para el control de la criminalidad, al uso de la inteligencia para combatir ese tipo de fenómenos y lograr el posicionamiento de las fuerzas policiales. La prevención debe ser la estrategia que el Ministro de Seguridad (Jorge Torres) debe seguir para lograr reducir la cantidad de delitos que se están cometiendo, no solo contra la vida, sino en los delitos de robo o asalto.
Prevención, prevención y prevención. Esa es la ruta por la cual debe manejarse la política pública de seguridad ciudadana en Costa Rica y creo que el Ministro de Seguridad ha dado algunos pasos muy acertados en esa ruta. Esperemos a ver cómo ya su impronta se va a dejar ver en la seguridad ciudadana costarricense por el bien de todos”.
De hecho el abogado penalista Rodolfo Brenes, en un blog, estaba hablando de que tal vez no era momento para salir a mencionar lo del aumento de las penas sino pensar en cómo prevenir estos delitos. Ahí es donde uno se pone a pensar ¿cómo? ¿Dónde puede estar la respuesta para evitar que menores de edad se involucren con grupos criminales?
“Hay muchas formas. Costa Rica ya no es la misma. Costa Rica tiene que empezar a generar mayores espacios públicos donde los jóvenes aprovechen el deporte, la cultura. Usted no va ahora a ningún lugar, cantón distrito por ejemplo, en donde la plaza local no esté cerrada con una malla y sea propiedad del Comité Cantonal de Deportes y para usarla haya que pagar 50 mil o 100 mil colones cuando antes usted y yo podíamos entrar libremente y jugar nuestra mejenga, nuestros partidos de fútbol, ir a los parques, ir a las plazas sin esa gran cantidad de restricciones que hoy han sido impuestas a la juventud y que le han cercenado los espacios públicos que antes eran de su dominio.
En el caso específico de la provincia donde yo resido, que es Limón, el estadio se lo robaron. No hay lugares donde los jóvenes puedan practicar deportes y el único lugar donde están destinados es a las esquinas, a cosas en las que evidentemente no van a aprovechar su tiempo de la mejor forma.
La calidad y la forma en la que se está impartiendo la educación costarricense también inciden muchísimo y, por supuesto, cómo los padres están formando a los costarricenses el mañana.
El rol de las drogas en toda esta situación, no estoy hablando del caso específico de estos últimos homicidios, pero ¿cuánto peso podía tener en cuanto a la criminalidad juvenil?
Un altísimo peso, no solo en la criminalidad juvenil, sino en las personas que los rodean porque influyen muchísimo en ellos.
Al día de hoy, hay un proyecto importantísimo presentado en la Asamblea Legislativa para restituir el artículo 2 de la Ley contra la delincuencia organizada. Costa Rica no sabe y no tiene claro que fue derogado desde hace más de dos años y hasta ahora los diputados se han percatado de eso.
Esto sirve, es una gran herramienta para los jueces de la República y para los fiscales, que les permitirá tener mayores plazos, mejores condiciones para combatir ese tipo de manifestaciones. Paralelamente a eso se puede trasladar al microtráfico (de drogas) como lo ha planteado el ministro Torres. Pero sin herramientas jurídicas que están ahí…por qué en lugar de aumentar penas, no restituyen el artículo 2 de la Ley contra la delincuencia organizada que, por un error de técnica legislativa de los diputados del cuatrienio anterior, se eliminó y hoy día no cuenta Costa Rica con la herramienta parta hacerlo”.
Nota del redactor: Según estadísticas del OIJ, disponibles en el sistema en línea, el país registra 330 homicidios en lo que va del 2022.
