Los abogados del mandatario Carlos Alvarado informaron que una notificación de la Sala III aclara cómo debe continuar el proceso. Alegan que tiene que hacerse “excluyendo el registro indiscriminado de material o de aquello que manifiestamente sea ajeno a los hechos investigados”.
Los aparatos fueron decomisados hace dos años cuando se hicieron los allanamientos por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
La revisión del contenido de los aparatos electrónicos comenzó a hacerse el 9 de diciembre. El 14 de ese mismo mes, Róger Guevara y Rodolfo Brenes, defensores del Presidente, objetaron la manera en que la Fiscalía estaba haciendo la inspección de los teléfonos, pues alegaron que se iba a tener acceso a información que no estaba relacionada con el caso.
Ante esta situación, presentaron ante la Sala III dos protestas o actividades procesales defectuosas que provocaron la suspensión de la diligencia.
Aunque aún no se resuelven las objeciones, Guevara y Brenes informaron que los magistrados notificaron cómo se debe proceder para revisar la información de los dispositivos. Citaron un extracto del documento.
“(…) Se debe desarrollar en apego al debido proceso y a las técnicas correspondientes, encaminado al objeto de la investigación, de forma proporcionada, excluyendo el registro indiscriminado de material o de aquello que manifiestamente sea ajeno a los hechos investigados”.
“Reiteramos nuestra disposición y la de nuestro cliente a que los equipos de cómputo y celulares sean revisados de manera expedita, pero pedimos que esto se haga de manera correcta, apegados al debido proceso”, añadieron los abogados.
Guevara y Brenes alegan que, por la naturaleza del cargo, en los teléfonos y computadoras del Presidente hay información que no tiene nada que ver con la UPAD y que debe resguardarse con prudencia, tal es el caso de asuntos de seguridad, política exterior y otros ámbitos.
La semana pasada la Fiscalía acusó a Alvarado y al exministro de la Presidencia, Víctor Morales, por los hechos relacionados con la promulgación del decreto que creó la UPAD. Se mantiene abierta la investigación para determinar si hubo vulneración de datos personales de los habitantes.
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La noche de este martes, Alvarado se refirió al avance del proceso judicial pero dijo que no podía referirse al fondo de la acusación.
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El 3 de febrero, Noticias Columbia envió a la Fiscalía una serie de consultas relacionadas con la acusación contra el Presidente por el caso UPAD y sobre el proceso que está pendiente con la evidencia de los aparatos electrónicos. Se está a la espera de la respuesta.
