«Vamos a continuar con las requisas en todas las cárceles como lo hemos venido haciendo ya por más de tres años», responde el viceministro de Justicia. Foto con fines ilustrativos.
La desarticulación este martes de un grupo criminal en la provincia de Limón, dejó en evidencia que parte de sus miembros mantenían acciones de coordinación y liderazgo desde la cárcel.
El caso, conocido como Transportador, se relaciona con una banda dedicada a la venta de drogas y a la cual se vincula con al menos siete homicidios. Su principal área de influencia era Siquirres, según informó el OIJ.
El director de la Policía Judicial, Randall Zúñiga, destacó que los operativos permitieron la detención de 14 personas pero que otras cuatro ya estaban recluidas, entre ellas el presunto cabecilla.
«Importante destacar que, dentro de la investigación, hemos visto que a pesar de que el cabecilla está en prisión, y a pesar de que otros sujetos están también en prisión, ejercían acciones en contra de varios ciudadanos, no solamente son los siete homicidios, sino también son extorsiones, son amenazas, son asaltos y algunas de ellas los tenemos documentados que venían desde prisión», dijo.
«En un caso, estaban amenazando a un comerciante. Cuando se hace la llamada directa, pues se tiene esa llamada, y se logró rastrear hasta el centro penitenciario de Sandoval (Limón), siendo que en esa misma llamada se logró documentar el IMEI (código) o el dispositivo celular que se estaba utilizando y se logró decomisar en el centro Sandoval, que es un tema que siempre hemos hablado del control de prisiones», dijo Zúñiga.
El jerarca del OIJ ha sido insistente en el tema d ela continuidad delictiva desde las cárceles. En el pasado puso como ejemplo que se han decomisado teléfonos en Máxima Seguridad de la cárcel La Reforma.
Respuesta de Justicia
Noticias Columbia consultó al Ministerio de Justicia si, ante estos hechos en Limón, habría algún reforzamiento en las revisiones de la cárcel.
«No solamente vamos a continuar con las requisas en Limón, vamos a continuar con las requisas en todas las cárceles del país como o hemos venido haciendo ya por más de tres años. Durante toda la administración ha sido una actividad permanente de la Policía y le vamos a dar continuidad. Es importante que tengamos espacios para compartir información que nos permita todavía ser más contundentes con aquellos aspectos que deben abarcarse», respondió el viceministro de Justicia, Juan Carlos Arias Agüero.
El funcionario añadió que la posición del Ministerio de Justicia es estar a disposición de las autoridades judiciales y ser colaboradores como ocurrió con el operativo del caso Transportador. Arias hizo énfasis en que permanece del mensaje del Gobierno «es claro y contundente» en alusión al trabajo conjunto.
«Invitamos a todas las instituciones a que conversemos sobre los problemas que agobian a la sociedad costarricense. Nuestro mayor interés es el de resolver y hacerlo mediante la discusión de la eficiencia, del resultado de las acciones que todos estamos desarrollando, mediante la organización y alineamiento de objetivos y sumando los recursos disponibles para lograr impactos inmediatos en temas de seguridad, criminalidad y justicia», recalcó.
En el 2024, la Policía Penitenciaria localizó 2.642 teléfonos en los centros penales del país, para un promedio de 220 por mes.
Factores externos
El viceministro agregó que hay una serie de condiciones y garantías para los privados de libertad, que no dependen del Ministerio de Justicia, que ofrecen una oportunidad para que personas dedicadas a cometer delitos, quieran seguir haciéndolo desde las cárceles.
En diciembre pasado, durante una rendición de cuentas, el ministro Gerald Campos, se refirió a esas circunstancias que no pueden controlar.
«Se ha dicho que no mantenemos el control de los centros penitenciarios. Obviamente hay una discrepancia con la Policía Judicial porque ellos dicen que se sigue ejerciendo liderazgo… eso no lo hemos negado. La persona privada de libertad que es líder, va a seguir siendo líder dentro del sistema penitenciario y va a poder comunicarse con cualquiera porque tiene teléfono fijo, tiene derecho a recibir visitas y derecho a visita íntima y no nosotros no podemos regular ahí la comunicación», comentó.
Campos también reconoció que la institución debe combatir la corrupción interna y evitar que funcionarios colaboren con el traslado de teléfonos a las cárceles.
«Es la parte de inteligencia, la labor que estamos haciendo. Hemos pasado muchos funcionarios corruptos por eso, 28. ¿Dónde están esos funcionarios? ¿Cuál es el trámite de justicia pronta y cumplida? A veces me los devuelven para que sigan trabajando en el sistema penitenciario», aseveró.
«¿Hay corrupción? Sí, la corrupción hay en todo lado. ¿Qué la estamos atacando? Sí, creamos una Unidad Anticorrupción. ¿Que hemos mejorado los controles? Efectivamente hemos mejorado. ¿Que falta modernizar las cárceles para tener el control completo? Estamos trabajando en estructuras viejas. Queríamos mejorar las cárceles, vamos en esa línea, quisimos hacer cárceles livianas y no nos dejaron… para empezar a darle fortaleza a las que ya están», añadió.
El Ministro aseveró que han pedido con insistencia el detalle de las llamadas al OIJ con la intención de conocer días, horas y lugares de las comunicaciones. De esta forma pueden revisar de manera específica los lugares y verificar las actuaciones del personal que estaba en turno.
