Para los demás, el juicio comenzaría el próximo jueves 7 de enero con la lectura de la acusación en Tribunales de San José.
El juicio por el caso conocido policialmente como “Pancho Villa” no comenzó este lunes debido a diversas situaciones de índole legal. Se trata de un proceso por presuntos delitos de infracción a la Ley de Psicotrópicos, asociación ilícita y legitimación de capitales, conocida como “lavado de dinero”.
La causa judicial tiene 14 personas imputadas, entre ellas el empresario de palma Darwin González Hernández (quien aceptó la mención de su nombre, así como la grabación de su voz e imagen) y su esposa, dos exoficiales del OIJ y un regidor de la municipalidad de Corredores de apellido Chavarría.
La audiencia, que estaba señalada para las 8:00 a.m. en los Tribunales de San José, comenzó a las 9:30 a.m. debido a un retraso con el traslado de los imputados que están detenidos como medida cautelar.
Sin que se pudiera leer la acusación, el Tribunal tuvo que resolver varias objeciones y solicitudes de los abogados de los sospechosos.
Durante la tarde, dos de los imputados, a través de sus defensores, pidieron someterse a un proceso abreviado. Esto implica, aceptar cargos y “negociar” con la Fiscalía una pena que sería menor a la que eventualmente podrían recibir en el juicio en caso de ser hallados responsables de los delitos.
Se trata de uno de los exoficiales de OIJ, de apellido Concepción y otro imputado de apellido Estribí. Sus abogados declinaron dar declaraciones al respecto.
Ambos fueron citados este martes a las 9:00 a.m. para que otro Tribunal se encargue del abreviado. Para los demás, el juicio iniciará el 7 de marzo a las 1:30 p.m.
Otros detalles
El abogado Celso Gamboa, defensor del empresario Hernández, solicitó que el juez Mauricio Jiménez Vargas y la jueza Ana Yancy Umaña Moreira, se excusaran de participar en el juicio pues ya habían estado en una audiencia de solicitud de cambio de medidas cautelares que fue rechazada.
Gamboa considera que eso rompe el principio de imparcialidad los jueces tuvieron que ver asuntos que considera son del fondo del caso y tomaron decisiones.
En esa oportunidad Hernández puso a responder como garantía dos propiedades valoradas en 1.800 millones de colones con el fin de que se le modificara la medida de prisión preventiva y se cambiara por otras. La gestión no fructificó.
“En ningún momento se resolvió sobre el fondo del asunto. Hasta la fecha, mi persona no tiene conocimiento sobre el fondo de los hechos que aquí se van a ventilar”, expresó Jiménez.
“Considera esta juzgadora que no existe ningún compromiso, de ninguna índole ni para usted (Hernández) ni para con ninguna de las personas imputadas en esta causa por parte de esta juzgador, quien ha jurado ante la ley y la Constitución ser proba, juzgar conforme a las pruebas que se tengan y no inclinarse de ninguna manera a criterios subjetivos”, dijo Umaña.
Al final, las juezas restantes, Ligia Lacayo y Ana Patricia Mora rechazaron la solicitud de Gamboa.
El caso
De acuerdo con la reseña del Poder Judicial, presuntamente los sospechosos habrían conformado un grupo criminal dedicado a ingresar cocaína a Costa Rica, desde la zona sur del país.
“En apariencia, los encartados transportaban la droga hasta el Pacífico Central, donde la vendían a terceras personas, las cuales se encargaban de comercializarla”, dice el informe.
“Supuestamente, los imputados también adquirieron bienes muebles e inmuebles, con el presunto fin de legitimar las ganancias obtenidas ilícitamente, producto de la venta de drogas”, agrega.
El juicio se realizará en las salas de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada conocida como JEDO en el Primer Circuito Judicial.
