Juzgado dictó que podían salir de prisión preventiva y cumplir con otras condiciones para someterse al proceso.
Ante consulta de Noticias Columbia, la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada informó que apelará la decisión del Juzgado Penal de San José de cambiar la medida cautelar de prisión preventiva a 18 personas imputadas por el caso conocido como “Madre Patria”.
El Ministerio Público detalló que la investigación “se mantiene en curso” y que siempre se ha estado activa “con el desarrollo de diligencias de interés”. Así respondió a cuestionamientos de que la causa judicial parece estancada a un año y ocho meses de los allanamientos.
El grupo investigado presuntamente buscaba propiedades en desuso o con potencial para desarrollos inmobiliarios para apoderarse ilícitamente de ellas y venderlas.
Otra forma era aprovechando sociedades mercantiles que debían disolverse. Para ello asignaban falsamente un liquidador, de manera que pudieran adueñarse de los bienes o propiedades con el fin de revender.
Aunque quedan en libertad, los 18 imputados deben presentarse a firmar dos veces al mes en una sede judicial, cuentan con impedimento de salida del país y deben mantener domicilio y trabajo fijo. Asimismo, se les prohibió tener contacto con los testigos, víctimas y otros sospechosos.
Entre las personas que salieron de prisión están los dos presuntos líderes del grupo. Son dos hombres de nacionalidad española de apellidos Gómez González y León Muñoz.
El abogado Mario Quesada, defensor de Gómez, aseguró que, al tratarse de delitos económicos, las medidas cautelares pueden ser distintas a la prisión preventiva, sobre todo en el caso de su cliente quien presenta un marcado deterioro en su salud.
Quesada afirmó que no descarta poner en la mesa la posibilidad de una conciliación para resolver este caso.
Sobre este planteamiento, el Ministerio Público alega que «en este momento procesal no es posible determinar la aplicación de medidas alternas».
El caso
El caso Madre Patria implicó uno de los operativos más grandes en la historia de la Policía Judicial, con un despliegue de aproximadamente 500 oficiales para realizar 47 allanamientos. Uno de los operativos es el que se muestra en la fotografía.
Para realizar los fraudes con propiedades, el grupo presuntamente tenía la colaboración de notarios y al menos cuatro funcionarios judiciales, entre ellos, un juez.
En aquel momento (2024), el fiscal Carlo Díaz, explicó la presunta forma de operar del grupo. Básicamente consistía en adueñarse de propiedades de forma irregular para luego venderlas.
Díaz comentó que la organización invirtió en ganancias en criptomonedas y líneas de buses. Manejaba tres rutas en San José de Alajuela, Tambor de Alajuela y Caldera-Puntarenas.
Esta es la lista de las personas sospechosas que tuvieron el cambio de medidas cautelares según confirmó la Fiscalía:
1.- Gómez. (Nacionalidad española)
2.- León. (Nacionalidad española)
3.- García.
4.- Jiménez.
5.- Loaiza. (Abogado y notario)
6.- González. (Abogado y notario)
7.- Prendas. (Abogado y notario)
8.- Herrera G.
9.- Herrera V.
10.- Rodríguez.
11.- Rojas.
12.- R. Barrientos.
13.- J. Barrientos.
14.- Chaves. (Abogado)
15.- Pérez.
16.- González.
17.- Venegas.
18.- Marín.
Dos personas de apellidos Martínez y Fernández continuarán en prisión preventiva.
