El Ministerio Público hizo la solicitud este martes en la audiencia que se desarrolla en los Tribunales de Goicoechea. Será el juez Félix Castellón el que determine esta semana si se inclina por la posición de la Fiscalía o dicta medidas distintas.
Los alcaldes investigados en el llamado caso Diamante son Johnny Araya de San José, Mario Redondo de Cartago, Humberto Soto de Alajuela, Arnoldo Barahona de Escazú, Alberto Cole de Osa y Alfredo Córdoba de San Carlos.
La representación fiscal solicitó que se mantengan suspendidos del cargo durante un año y que, por el mismo período se les fije impedimento de salida del país, impedimento de acercarse a las municipalidades o comunicarse con testigos.
Actualmente, ninguno de los alcaldes recibe salario. Araya, Soto, Cole y Córdoba solicitaron a los Concejos Municipales que no se les hiciera el pago mientras estén suspendidos. Redondo y Barahona no tienen el sueldo por decisiones de los regidores.
En el caso de otros imputado de apellido Cruz, de la empresa Explotec, se solicitó el impedimento de salida del país y el impedimento de acercarse a los Gobiernos locales y testigos.
Para un funcionario de Meco, de apellido Gutiérrez, la Fiscalía pretende que se mantenga el arresto domiciliario y también el impedimento de salida del país y la prohibición de acercarse a los testigos en la causa.
En el caso Diamante se atribuye a los alcaldes supuestos beneficios para la empresa constructora en la adjudicación de contratos. Esto a cambio de favores de diversa índole, según la tesis del Ministerio Público.
