El caso del exdirector del OIJ recuerda salidas en medio de polémicas de otros miembros de alta jerarquía. ¿Es una llamada de atención sobre la escogencia o ejemplos de que se aplican las medidas correspondientes?
La decisión de Corte Plena de rechazar el recurso de revocatoria sobre la suspensión del exdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, abre un nuevo capítulo de salidas polémicas de la entidad.
La Corte tomó la decisión de revocar el nombramiento de Zúñiga tras realizarse un proceso disciplinario en el cual determinaron que el funcionario cometió una «falta gravísima”, ya que se le atribuían supuestas faltas en cuanto a divulgación de información y acciones que afectan la imagen del Poder Judicial.
Pros y contras
Para el abogado penalista y constitucionalista, Pablo Barahona, el caso de Zúñiga revela deficiencias en su forma de actuar.
«Para que los magistrados, a quienes les cuesta de por sí ponerse de acuerdo, hayan impuesto la sanción más gravosa de todas, que es el despido de un funcionario tan visible, eso no quiere decir más que lo que le acusaron al exdirector de una institución tan importante, y en este momento tan en el ojo público vista nuestra crisis de seguridad y visto también el señalamiento un día sí y otro también del chavismo, pues no puede decir otra cosa que él no se cuidó, que se expuso muy burdamente, muy innecesariamente.
Esto le suele ocurrir a alguna gente que cuando asciende al poder de manera muy acelerada pierde la noción de las cosas. Esto es una lástima porque aquí las personas no son relevantes, las personas son fungibles, es decir, se pueden sustituir, aquí lo importante es el daño institucional», indicó.
Pese a las críticas y polémicas, para el secretario general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (SITRAJUD), Jorge Cartín, los mecanismos de la Corte permitieron tomar esta decisión en tiempo y forma.
«Las alertas están establecidas en el sistema de evaluación y valoración de los riesgos institucionales y entre los principales riesgos están, precisamente, los posibles conflictos de interés que puedan presentar no solamente los jerarcas, sino también cualquier tipo de funcionario sin distingo de de rango o de puesto.
Realmente lo que está siendo evidenciado en este procedimiento es que en este caso no solamente el conflicto de interés fue más allá y se convirtió una falta disciplinaria grave, y lo que se tiene que hacer es activar los protocolos y la normativa y los procedimientos establecidos, y en este caso desgraciadamente llevaron a la revocatoria del nombramiento del señor Randall Zúñiga, pero ese es un procedimiento común y normal dentro del Poder Judicial, no solamente pasa con personas que están en los medios de opinión pública, sino que constantemente se aplica, por lo tanto, en realidad lo que estamos viendo es que el sistema realmente funciona», defendió.
Otros casos
En el pasado, otros miembros de altos cargos también salieron de la institución envueltos en polémica. En el 2017, el entonces fiscal general, Jorge Chavarría, fue suspendido mientras se investigaba si hubo irregularidades en el manejo del caso conocido como Cementazo y en decisiones tomadas por el Ministerio Público.
La crisis provocó una fuerte pérdida de confianza en la Fiscalía y terminó dejando el cargo, acogiéndose a su jubilación.
En el 2021, la también fiscala general, Emilia Navas, anunció su jubilación tras separarse del caso Cochinilla.
Aunque insistió en que actuó conforme a la ley al inhibirse por un posible conflicto de interés, afirmó que los ataques contra ella y la institución motivaron su retiro para no afectar las investigaciones.
¿Cambios necesarios?
Con este panorama, el analista político Mario Quirós consideró que se necesitan cambios en la forma en la que el Poder Judicial elige cargos importantes como al fiscal general y al director del OIJ.
«(Se necesitan cambios) No para que se politicen los nombramientos, sino para que se se curen procesos más transparentes, mejores controles y una revisión seria del diseño institucional. Los casos recientes nos obligan a preguntarnos si los mecanismos actuales son suficientemente adecuados para esta selección. Además de experiencia y trayectoria, tienen que existir filtros de integridad, de manejo de conflictos de interés, de transparencia y de rendición de cuentas.
Pero yo creo que también vale la pena abrir una discusión más amplia de si todas estas instituciones deben mantenerse necesariamente dentro de la estructura del Poder Judicial o si hay que revisar su ubicación institucional y esa discusión, por supuesto, que tiene que hacerse con cuidado, sin improvisación, pero el objetivo de todos estos cambios en la forma en que se eligen o la ubicación tiene que ser menos discrecionalidad, más transparencia y mejores mecanismos para prevenir las crisis antes de que se puedan convertir en problemas institucionales para el Poder Judicial», comentó.
Barahona coincidió con Quirós y aseguró que es indispensable que el Poder Judicial cambie su forma de seleccionar sus puestos.
«Por supuesto que le hace mella no solo al OIJ, se trata a su director, es decir, de su cabeza, de alguien que aparecía todos los días, a todas las horas, en todos los medios de comunicación, sino al Poder Judicial como un todo y esto debería obligar, repito el verbo obligar, no es opcional, a los magistrados a tomarse mucho más en serio este tipo de nombramientos, no necesariamente solo con gente de afuera que conozca el Organismo, sino que sepa de la materia de investigación criminal, de seguridad, de policía, que tenga formación de jurista, ojalá, no solo criminólogo.
A partir de ahí se nombrara alguien que no solo tenga conocimiento técnico, sino que tenga la capacidad política, administrativa, de llevar las riendas de una institución que no solo hoy está exigida, sino que lo va a estar cada vez más y que va a seguir estando muy observada», dijo.
Ahora, aparece un proyecto para que el nombramiento del fiscal general de la República sea realizado por la Asamblea Legislativa ¿Serán estos los cambios que necesita el Poder Judicial?
