Fiscalía pidió seis meses de prisión preventiva contra siete personas investigadas.
Este viernes, en los Tribunales de Goicoechea, continúa la audiencia de solicitud de medidas cautelares por el caso del millonario faltante de ₡3.293 millones en efectivo que estaban en la sede central del Banco Nacional.
La noche del jueves la Fiscalía solicitó que se impongan seis meses de prisión preventiva contra siete personas investigadas, entre ellas, un hombre de apellido Olivas, quien es señalado por OIJ como la persona que habría tomado dinero de la caja fuerte para luego sacarlo en sobres de manila.
En el caso de los demás sospechosos, el Ministerio Público hizo una solicitud subsidiaria en la que plantea la imposición de otras medidas cautelares en caso de que el Juzgado no determine la prisión preventiva. Entre ellas están el no acercarse a testigos, impedimento de salida del país y firmar en una sede judicial.
Defensores exponen
Durante la mañana de este 10 de noviembre, la audiencia se dedicó a escuchar los alegatos de los abogados de las personas investigadas.
El abogado José Pablo Badilla, es uno de los defensores de un hombre de apellidos Madrigal Faerron quien fungía como jefe de Tesorería en el Banco Nacional.
Considera decepcionante que la Fiscalía haya pedido prisión preventiva cuando, a su criterio, no hay elementos de prueba para hacerlo.
Expresó que la Fiscalía General y la Dirección del OIJ presentaron la tesis de que una persona, posiblemente, sustrajo el dinero y que las otras son sospechosas de incumplir sus deberes. Añadió que esta última circunstancia no amerita una medida cautelar tan fuerte.
“Eso es decepcionante porque realmente no hay elementos de prueba para poder vincular a todos con la presunta sustracción del dinero. Nos parece que es una posición populista y punitivista”, recalcó.
Robin Bonilla Monge representa a un sospechoso de apellido Hernández, quien fue identificado como contador. El abogado dijo que el hombre realmente es un técnico.
“Mi representado, tengo toda la seguridad de que no es parte ni siquiera de una organización, no cometió un delito, no ha cometido dolo. Él está imputado por la falta de conocimiento”, dijo.
El abogado Verny Ávalos, es el defensor de un sospechoso de apellidos Blanco Oviedo, quien se desempeñaba como supervisor de procesamiento de efectivo.
“En este caso, si nos apegamos al Código Penal, podemos ver que, si pudiera haber algún caso de negligencia por parte de nuestro representado… eso sería de forma dolosa que lo indica el Código Penal, pero no es nuestro caso.
”No le alcanza el tipo penal para estar en esta sede. Lo que pudiera alcanzar, si es que se encuentra algún indicio, sería en sede administrativa o en sede laboral pero no a un tipo penal que exige el dolo, o sea que la persona sí estuvo consciente de incurrir en un delito”, dijo.
La abogada defensora del sospechoso de apellido Olivas, de momento, declinó dar declaraciones a la prensa.
En el caso de un oficial de seguridad privada, quedó en libertad sin medidas cautelares pero sigue siendo investigado. Al expediente también se suma el nombre de la Directora Jurídica del Banco Nacional.
