Luego de que en noviembre del 2025 no se pudo realizar, ahora las partes involucradas deben esperar casi seis meses y cruzar dedos porque no haya nuevos «choques de agendas».
La mañana de este viernes 13 de febrero, el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José, señaló la diligencia del 3 de agosto al 30 de octubre del 2026.
La audiencia preliminar es una etapa en la que se analiza la prueba y se determina si el asunto va o no a juicio. En este tipo de espacios también se puede llegar a salidas alternas como una conciliación.
El caso conocido como «Aldesa», es uno de los expedientes complejos que lleva muchos años en trámite en el Poder Judicial. En noviembre del 2023, la Fiscalía acusó a 23 personas por presuntos delitos de estafa e Infracción a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.
«Siendo necesario realizar la audiencia preliminar en la presente investigación penal, en virtud de que no se pudo llevar a cabo el anterior señalamiento por choques de agenda, se procede a señalar nuevamente dicha diligencia«, dice la comunicación del Juzgado.
«El señalamiento se realiza conforme a las agendas previamente compartidas con el despacho, manteniendo esta ventana de tiempo como prudente para la realización de la audiencia. Se tiene conocimiento de que algunas representaciones cuentan con asuntos previamente señalados; por lo tanto, de encontrarse en esta situación, deberá enviar un escrito solicitando el permiso para atender la otra gestión», agrega.
En octubre del año pasado, varios afectados protestaron frente a los Tribunales de Justicia en el centro de San José para expresar su inconformidad por los retrasos en el proceso (en la foto).
El caso
El asunto se remonta al año 2019 cuando ocurrieron los allanamientos e incluso la detención y posterior liberación del expresidente de la empresa, Javier Chaves. Los denunciantes son 26 inversionistas, entre personas físicas y jurídicas quienes alegan la pérdida de su capital.
Aldesa se dio a conocer durante muchos años como una corporación de puesto de bolsa. Con el paso del tiempo diversificó su portafolio de servicios e inversiones.
En su momento llegó a tener cinco entidades reguladas, es decir, que funcionaban con la supervisión estatal. Adicionalmente, manejaba otras firmas que se desempeñaban bajo las regulaciones del ámbito privado como Aldesa Corporación (ACI).
Entre los denunciantes hay quienes alegan que la compañía utilizaba el nombre Aldesa de manera generalizada y sin distinción, por lo que hicieron inversiones creyendo que todas estaban cobijadas bajo el esquema regulado.
De manera general, la representación legal de varios imputados, ha defendido el proceder de las personas señaladas en este sonado caso. Alega que no se ha demostrado que quisieran despojar a los denunciantes de su dinero parta apropiarse de él de forma indebida.
El planteamiento es que los recursos se invirtieron en proyectos pero hubo problemas propios de situaciones de mercado.
