Situación se da con disponibilidad de defensores públicos y un abogado particular. Juzgado Penal dejó sin efecto la diligencia prevista para el 3 de noviembre.
El caso conocido como «Aldesa», es uno de los expedientes complejos que lleva años en trámite en el Poder Judicial. En noviembre del 2023, la Fiscalía acusó a 23 personas por presuntos delitos de estafa e Infracción a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.
Estaba previsto que, el próximo 3 de noviembre, comenzara la audiencia preliminar, que es el espacio donde se determina si un proceso judicial va o no a juicio. Sin embargo, hay problemas de «choque de agendas», es decir con la disponibilidad de abogados.
El martes 14 de octubre, el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José emitió una resolución que deja sin efecto la diligencia. El documento refiere que una defensora pública que participa en el proceso, aún está atendiendo el juicio por el caso conocido como La Trocha.
Otros tres abogados de la Defensa Técnica Pública, informaron de varios juicios y audiencias preliminares señaladas de previo. Además, un abogado particular indicó que, del 29 de setiembre al 16 de enero del 2026, debe atender un juicio con una persona detenida (casos que generalmente tienen prioridad).
«Resulta necesario reprogramar la Audiencia Preliminar en la presente investigación penal, debido a que no se puede llevar a cabo el señalamiento programado para las ocho horas con treinta minutos del tres de noviembre. (…) Se solicita a todas las partes, aportar a este despacho sus agendas del año 2026, en el plazo de cinco días», dice la resolución.
El caso
El asunto se remonta al año 2019 cuando se realizaron los allanamientos e incluso la detención y posterior liberación del expresidente de la empresa, Javier Chaves. Los denunciantes son 26 inversionistas, entre personas físicas y jurídicas quienes alegan la pérdida de su capital.
Aldesa se dio a conocer durante muchos años como una corporación de puesto de bolsa. Con el paso del tiempo diversificó su portafolio de servicios e inversiones.
En su momento llegó a tener cinco entidades reguladas, es decir, que funcionaban con la supervisión estatal. Adicionalmente, manejaba otras firmas que se desempeñaban bajo las regulaciones del ámbito privado como Aldesa Corporación (ACI).
Entre los denunciantes hay quienes alegan que la compañía utilizaba el nombre Aldesa de manera generalizada y sin distinción, por lo que hicieron inversiones creyendo que todas estaban cobijadas bajo el esquema regulado.
