«Los ataques han sido constantes y los irrespetos han sido muchos», afirmó en entrevista con Noticias Columbia sobre el caso del BCIE.
El jerarca del Ministerio Público se refirió este jueves a varios temas de actualidad como los calificativos que el presidente de la República, Rodrigo Chaves y su abogado, José Miguel Villalobos, expresaron sobre él en la Asamblea Legislativa.
El mandatario y su defensor comparecieron el 22 de agosto ante la comisión que estudia el posible levantamiento de la inmunidad de Chaves por el caso de presunto uso irregular de fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
En ese espacio, se refirieron a Díaz como un fiscal «torpe» e «incompetente». Chaves aseveró que el caso del BCIE es un montaje político del fiscal general con hechos «falsificados».
Otro de los cuestionamientos fue que el jerarca del Ministerio Público fue muy escueto en su comparecencia y que el caso está basado en el testimonio del productor audiovisual Cristian Bulgarelli, quien es uno de los investigados.
Noticias Columbia buscó a Díaz para conocer su opinión con respecto a estas manifestaciones.
«Los ataques han sido constantes, los irrespetos han sido muchos. Incluso ha habido una falta de profesionalismo por parte de la persona abogada (Villalobos), incluso hasta del mismo presidente, bueno ya a eso estamos acostumbrados», expresó.
Díaz comentó que ante los diputados no podía hablar del fondo del asunto porque el expediente está en una etapa que es privada. Por eso solicitó la posibilidad de que se hiciera la audiencia privada; hecho que no se dio.
El fiscal explicó que si da detalles de un caso en desarrollo podría ser objeto de una denuncia penal por el delito de «divulgación de secretos». Adicionalmente, cabe la posibilidad de que lo recusen, es decir que le pidan apartarse de la causa judicial por haber comprometido su imparcialidad.
«Esa investigación es bastante objetiva y seria. Eso fue lo que nos permitió formular una acusación. Aquí no hay ningún golpe de Estado judicial como se pretende hacer ver. No sé si lo que pretenden es que no acusemos a determinadas personas, no, en Costa Rica todos somos iguales ante la ley», resaltó.
Escuche aquí las declaraciones completas:
Chaves y Villalobos cuestionaron el proceder de Díaz en cuanto al plazo para abrir un expediente contra Bulgarelli, darle un «criterio de oportunidad» para que pudiera convertirse en «testigo de la corona» y luego presentar la acusación contra el mandatario y el entonces ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.
En sus alegatos ante los diputados, indicaron que por la forma en que procedió el Fiscal General parece que fue el viernes 4 de abril del 2025 que efectuó todas las diligencias relacionadas con el productor audiovisual para poder entregar la pieza solo tres días después.
Escuche aquí las declaraciones:
«Eso no es cierto. No hemos corrido. Si usted ve, los primeros hechos que se ponen en conocimiento, de este acto de corrupción, ya tienen bastante tiempo, prácticamente esta investigación tiene más de dos años y no ha sido ninguna premura», indicó Díaz.
«La investigación es bastante seria. No tiene 15 días como ellos lo quieren hacer ver, no es una investigación flash», añadió.
Díaz destacó que el caso no se basa solo en la declaración del productor sino que hay otras pruebas como audios y documentos.
El caso
La Fiscalía acusó al presidente Chaves y al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, por el presunto delito de concusión que sanciona “al funcionario público que, abusando de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o beneficio patrimonial”.
El Ministerio Público investigó la contratación de la productora audiovisual de Christian Bulgarelli, quien presuntamente habría tenido ventaja para adjudicarse el proceso. Se trataba de servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica, producción de mensajes y análisis de tendencia de opinión para la Presidencia de la República de Costa Rica, correspondiente al período 2022-2026.
Además se señala un supuesto beneficio económico para un amigo y asesor del presidente, de apellido Cruz, conocido como «Choreco».
La tesis es que, del dinero que pagó el BCIE por el contrato, se trasladaron $32.000 a Cruz para que los utilizara en la compra de una casa.
