En entrevista con Noticias Columbia, Gerald Campos dijo que “en menos de un mes” estaría haciendo un anuncio con respecto a este tema.
El jerarca de Justicia afirmó este miércoles que el pasado fin de semana hubo pruebas exitosas de un sistema que permitirá bloquear el acceso a la señal de Internet en cárceles del país.
En las prisiones ya está funcionando el bloqueo de señal celular, sin embargo, hay privados de libertad que, con colaboración externa, se las ingenian para recibir teléfonos inteligentes y conectarse a redes inalámbricas mediante routers.
De esta forma pueden hacer llamadas o enviar mensajes. Esto se presta para delitos como estafas o extorsiones.
“Con Internet estamos en una segunda fase y ya hicimos pruebas este fin de semana en el Registro Nacional con la empresa también encargada y, muy pronto, yo creo que en menos de un mes, estamos dando la noticia porque las pruebas han sido muy efectivas de un bloqueo seguro donde la persona va a recibir la señal Wi-Fi pero no va a tener acceso a Internet”, expresó.
“Nada más faltan algunos pequeños detalles administrativos. Tenemos que reunirnos con el personal de Sutel, para que den la orden de operación a las demás operadoras pero creo que estamos con un trabajo serio y coordinado”, añadió.
Escuche aquí la entrevista completa:
Desde el inicio de su gestión, Campos se ha enfocado en que la Policía saque de las cárceles drogas, armas, dinero y aparatos electrónicos.
Aunque los operativos son constantes y con múltiples decomisos, le cuestionamos el hecho de que el ingreso de estos elementos no se detiene en los centros penales.
Noticias Columbia cuestionó a Campos que a pesar de los constantes operativos y decomisos, continúan el ingreso de artículos o sustancias no permitidas a los centros penales.
Respondió que es un problema complicado pero que la acción policial es positiva y desplegada con base en inteligencia.
En cuanto a cifras, indicó que, del 2 de mayo a la fecha, se hicieron 6.300 intervenciones policiales, cuyos resultados son el decomiso de 265 kilos de drogas, 3.200 teléfonos, 4.250 chips y 21.000 armas blancas.
Preocupación por mujeres
Uno de los problemas que enfrenta el Sistema Penitenciario Nacional es la introducción de drogas a las cárceles. El ministro de Justicia afirmó que hay un aumento considerable en la cantidad de mujeres sorprendidas en este tipo de hechos.
Según los datos de la institución, del 8 de mayo del 2022 al 31 de diciembre de ese mismo año, hubo 182 casos de mujeres y 150 de hombres.
En el 2023, de enero a inicios de agosto, se registraron 265 casos de mujeres y 116 de hombres.
El ministro explicó que los grupos criminales se están aprovechando de mujeres en condición de vulnerabilidad para involucrarlas en la introducción de droga en prisiones. “Eso es preocupante y es alarmante”, afirmó.
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Campos añadió que en muchos de los casos, las mujeres son amenazadas o presionadas para incurrir en estas acciones. Otras tienen muchas necesidades económicas.
“Es complicado. Muchas de ellas son madres, no tienen trabajo, su condición social es difícil, puede ser que deban dinero a estas organizaciones, que tengan un familiar dentro del sistema que quedó debiendo dinero. Hay otras que lo hacen por la necesidad de llevar alimento a su familia. Es lamentable, pero a estas personas las ponemos a la orden del Ministerio Público”, resaltó.
Otros temas
En la entrevista (que puede escuchar presionando el botón más arriba) también se refirió a la lucha contra la corrupción que incluye los casos de funcionarios de Justicia que incurren en irregularidades. Así ocurrió la semana anterior cuando sorprendieron a una policía penitenciaria que trató de ingresar con droga a la cárcel de Pococí.
A finales del año pasado, el Ministerio de Justicia comunicó que iba a remitir a la Fiscalía cerca de 500 casos de personas que tienen algún tipo de beneficio carcelario para determinar si han incurrido en delitos.
Campos dijo que los resultados de la consulta siguen pendientes. Agregó que, independientemente de eso, se ha mejorado la coordinación policial para conocer los antecedentes de personas detenidas o que están dentro del sistema penitenciario.
