Actores del sector advierten retrocesos, criminalización de defensores ambientales y debilitamiento de la institucionalidad pública.
El balance ambiental del 2025 en Costa Rica es calificado por actores del sector como ‘preocupante’ y ‘sombrío’, marcado por un retroceso en derechos humanos y sociales con impactos directos sobre la agenda ambiental.
Según estos grupos, durante el año hubo ataques y criminalización contra organizaciones y personas defensoras del ambiente, incluyendo demandas judiciales y diversas formas de violencia simbólica contra comunicadores y activistas.
Sin embargo, para el ecologista y profesor de Geografía de la Universidad de Costa Rica (UCR), Mauricio Álvarez, hubo un tema que significó el mayor retroceso para el medio ambiente en el país.
«El mayor desafío fue, sin duda, la reforma al reglamento de agua potable, uno de los retrocesos más profundos en materia de salud ambiental de las últimas décadas. Esta modificación desmanteló el paradigma basado en el principio de precaución, es decir, si no se conocen las implicaciones, es mejor darle la razón a la naturaleza y lo sustituyó por un enfoque permisivo que favorece la contaminación y beneficia directamente a la industria de plaguicidas.
Todo eso ocurrió pese a la oposición amplia y sólida de parte de los sectores académicos, regulatorios, científicos, especialistas, institucionales y socioambientales que se pronunciaron de manera contundente, conjunta y científicamente frente a esta gran regresión», manifestó el ecologista.
Según el experto, los principales retos para el próximo año están relacionados con ‘regresiones’ en materia ambiental, promovidas por la actual administración.
Álvarez afirmó que estos se suman a problemas estructurales y globales que se arrastran de años anteriores.
«Ha habido un debilitamiento muy amplio vía presupuestaria, pero mediante muchas otras formas se ha debilitado la institucionalidad pública ambiental y también hemos visto indicios más graves de corrupción y de penetración del narcotráfico, por ejemplo, en Incopesca, lo vimos hace poco y lo vemos cotidianamente en muchas instituciones.
Entonces, hay una alta conflictividad socioambiental donde se han profundizado conflictos por los temas de turismo y gentrificación. Entonces, va a tener no solamente que enfrentar la agenda que quedó pendiente el año pasado o que viene siendo arrastrada desde hace varios años, sino que también va a tener que enfrentar toda la problemática ambiental como cambio climático, etcétera; que son problemáticas globales y que vienen desde mucho atrás y que tienen raíces muy estructurales», indicó el profesor universitario.
Finalmente, el ecologista y académico indicó que el diálogo será fundamental para corregir los problemas ambientales en los cuales está inmerso el país.
«Ante estos retos, yo creo que lo más importante tiene que ser ampliar la participación social, crear espacios de diálogo vinculante y verdadero en la sociedad para poder solventar mejor esta agenda tan compleja de cosas puntuales, pero también cosas muy estructurales.
El nuevo gobierno va a encontrar un país muy polarizado, muy dividido, con mucho conflicto y entonces hay que pensar en que una forma de resolverlo es una amplia y profunda transformación de un diálogo abierto en ambas direcciones, o sea, desde el poder y desde la sociedad hacia el Estado, para poder enfrentar los retos y el mayor deterioro social y ambiental que estamos viviendo», añadió Álvarez.
