- El incremento de personas fuera del mercado laboral reduce los aportes a la seguridad social y compromete la sostenibilidad futura.
El aumento de la inactividad laboral en Costa Rica, que se consolidó al cierre de 2025, enciende alertas sobre sus efectos en la sostenibilidad del sistema de pensiones y en el ritmo de crecimiento económico, en un contexto en el que más personas dejan de participar en el mercado laboral.
De acuerdo con el más reciente informe del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, el país registró una caída en la tasa de ocupación y una reducción en el desempleo, aunque este comportamiento responde a la salida de personas de la fuerza de trabajo, lo que obliga a interpretar con cautela la aparente mejora en los indicadores.
La investigadora Daniela Córdoba explicó que, mientras la ocupación se redujo en 1,7 puntos porcentuales y el desempleo bajó en 0,6 puntos, la inactividad aumentó en 2,2 puntos porcentuales, lo que evidencia que hay menos personas buscando empleo y más fuera del mercado laboral.
“Observamos que entre el cuarto trimestre de 2024 y el cuarto trimestre de 2025, la tasa de ocupación se redujo en 1,7 puntos porcentuales, mientras que la tasa de desempleo también disminuyó, aunque en 0,6 puntos porcentuales. Al mismo tiempo, la tasa de inactividad aumentó en 2,2 puntos porcentuales, es decir, hay menos personas que están desempleadas y hay más personas inactivas o fuera de la fuerza de trabajo”, indicó.
Córdoba agregó que este fenómeno tiene un perfil definido, ya que se concentra principalmente en mujeres, jóvenes entre 15 y 24 años y adultos mayores, además de que se presenta con mayor fuerza en zonas urbanas y en personas con niveles educativos que no superan la secundaria completa.
Este cambio en la composición del mercado laboral tiene implicaciones directas sobre la economía, ya que, al reducirse la cantidad de personas que trabajan o buscan empleo, se limita la generación de ingresos y se debilita el dinamismo del consumo interno.
En el ámbito de la seguridad social, el economista Malberth Cerdas advirtió que, cuando disminuye la actividad laboral, también caen los aportes a la Caja Costarricense de Seguro Social, lo que reduce los recursos disponibles para financiar tanto el sistema de salud como el de pensiones.
“Básicamente, cuando en el país existe menos actividad laboral, lo que quiere decir es que las personas tienen menos aportes de cargas sociales. Al tener menos aportes, la Caja recibe menos dinero, y ese menor dinero lo que va generando en el futuro va a ser un problema”, explicó.
El especialista añadió que el sistema ya enfrenta un desbalance estructural. “Hoy por hoy, ya tiene un problema, que es que a futuro tiene más compromisos de los que puede cubrir con el dinero acumulado. Eso quiere decir que todas las personas que estamos aportando, cuando tengamos derecho a la pensión o a servicios de salud, ese dinero va a ser insuficiente para cubrirlo”, señaló.
Por su parte, el economista Daniel Suchar indicó que la salida de personas del mercado laboral también impacta la recaudación fiscal y el crecimiento.
“Claramente son retos importantes, porque estas personas no están cotizando, lo que afecta el sistema de pensiones, y además hay una recaudación fiscal que no se genera”, afirmó.
Suchar advirtió que este fenómeno también podría reflejarse en la actividad económica.
“La reactivación económica podría tener algún tipo de ralentización, especialmente en el régimen definitivo, donde operan empresas fuera de zona franca, lo que podría derivar en un crecimiento sin saltos importantes”, indicó.
El incremento de la inactividad también refleja transformaciones sociales y económicas, en las que algunas personas optan por el retiro, el estudio o labores de cuido, mientras que otras enfrentan barreras estructurales que dificultan su inserción en el mercado laboral.
En este contexto, la reducción de la participación laboral se convierte en un desafío estructural para el país, ya que compromete tanto la sostenibilidad del sistema de pensiones como la capacidad de crecimiento económico, lo que obliga a replantear políticas que incentiven el empleo formal y amplíen la base de cotizantes en el mediano y largo plazo.
