Comisión de Ingreso y Gasto aprobó una moción ante una serie de hechos que «podrían constituir irregularidades administrativas, uso indebido de recursos públicos, conflictos de intereses y posibles prácticas contrarias a la buena gestión pública».
La Junta de Protección Social dio su posición ante el proceso que llevará adelante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, por presuntas irregularidades en la institución.
Este lunes, los diputados aprobaron una moción para estudiar una serie de hechos que «de ser ciertos podrían constituir irregularidades administrativas, uso indebido de recursos públicos, conflictos de intereses y posibles prácticas contrarias a la buena gestión pública», según un documento puesto en conocimiento de forma anónima por funcionarios de la institución a los legisladores.
Ante la consulta de Noticias Columbia, la entidad afirmó que se encuentran en disposición de presentar la información solicitada.
«Desde la Junta de Protección Social reiteramos nuestro respeto por las instancias de control y fiscalización del Estado, así como nuestra total disposición de colaborar con cualquier proceso que se encuentre en curso.
En este momento, la institución se encuentra atendiendo los requerimientos de información solicitados por la Comisión, por lo que, en resguardo del debido proceso y con el fin de no interferir en el desarrollo de las diligencias, no es posible emitir valoraciones adicionales.
Una vez que avance el proceso y en el momento oportuno, la institución comunicará lo que corresponda por los canales oficiales», indicaron desde la institución.
Los presuntos hechos
Los legisladores que firmaron la moción pretenden investigar posibles conflictos de interés derivados de viajes al exterior, financiados total o parcialmente, por empresas privadas vinculadas al sector de juegos y apuestas que «podría comprometer la imparcialidad en la toma de decisiones institucionales».
Además, se denuncian presuntos movimientos de personal sin estudios técnicos previos ni justificación administrativa, «lo cual podría vulnerar los principios de mérito e idoneidad y legalidad en la gestión de recursos humanos», entre otros.
La solicitud
Con la apertura de la investigación, los diputados analizarán la legalidad, eficiencia y transparencia en la gestión administrativa y financiera de la Junta de Protección Social, la existencia de posibles irregularidades en contratación administrativa, gestión de recursos humanos, uso de fondos públicos y toma de decisiones estratégicas, eventual conflicto de intereses y responsabilidades administrativas, civiles o penales derivadas de los hechos denunciado.
