Representante en la audiencia refutó cuestionamientos de defensores para impedir el envío de investigados a EE.UU.
Los Tribunales de Goicoechea fueron escenario de un intenso debate jurídico con respecto a las apelaciones planteadas contrala resolución que autorizó enviar a tres costarricenses a los Estados Unidos para que enfrenten un proceso legal como sospechosos de tráfico internacional de drogas.
A la audiencia del miércoles fueron llevados los extraditables Celso Gamboa, exmagistrado y exministro de Seguridad, y un empresario de apellido Álvarez, conocido como «Gato». También asistieron los abogados defensores y los representantes de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (OATRI).
El 7 de octubre, el juez William Serrano, del Tribunal Penal de San José, emitió una resolución en la que avaló las extradiciones diferidas, es decir, que pueden concretarse una vez que las personas cumplan los procesos que tengan pendientes en el país. Esta decisión fue recurrida ante el Tribunal de Apelación con sede en el II Circuito Judicial de San José.
En esta nota haremos un resumen de la posición de las defensas y la respuesta que brindó la Fiscalía.
Alegatos: Esto son algunos de los argumentos de los abogados Natalia Gamboa y Michael Castillo, defensores del exmagistrado.
Parcialidad: Sostienen que el juez no era neutral pues siendo magistrado suplente, mostró criterios favorables hacia el proyecto que cambió la constitución política para permitir la extradición de nacionales. Añadieron otros elementos por los cuales consideran que era esperable que Serrano resolviera como lo hizo.
Retroactividad: La ley fue aprobada después de los hechos investigados por las autoridades norteamericanas.
Territorialidad: Los hechos investigados sucedieron en Costa Rica y por ende, afirman que debían ser tramitados en sedes judiciales del país.
Soberanía: Cuestionan que el OIJ y la Fiscalía cedieron el lugar a la DEA (Agencia Antidrogas de los Estados Unidos) sin justificar por qué esa entidad asumía la investigación.
Critican que se haya trabajado el caso en Costa Rica con una supuesta falta de autorización o permiso para las autoridades extranjeras.
Indefensión: Los abogados afirman que las restricciones en Máxima Seguridad impidieron tener privacidad para planear una estrategia de defensa y que la comunicación con Gamboa era muy limitada. Citaron que debían hablar a los gritos a través del vidrio y que sus interacciones eran grabadas.
Las críticas también se centraron en que la detención de Gamboa, el 23 de junio, fue en tiempo récord, pues transcurrió muy poco tiempo entre la llegada de las notas diplomáticas y la resolución del juez que autorizó el arresto.
Pusieron como ejemplo el hecho de que los oficiales estaban listos para actuar en los sitios aún sin tener la confirmación de que podían proceder.
Incumplimiento de promesa: Costa Rica permite la extradición de nacionales siempre y cuando se garantice que no se expondrán a la cadena perpetua, un tipo de condena inexistente en nuestro país. Los abogados indicaron que Estados Unidos no ha garantizado que esa opción se excluya.
Persecución: Manifiestan que hay una «instrumentalización política» del caso que deja como culpable a Gamboa aunque no el asunto no ha sido juzgado en un Tribunal.
El defensor del extraditable Álvarez, Rafael Gairaud, hizo énfasis en:
-Disconformidad con la interpretación del artículo 32 de la Constitución Política en cuanto a la extradición de nacionales.-Falta de fundamentación de la resolución apelada.
-Presunta prescripción de los hechos investigados contra su cliente.
-Incumplimiento de formalidades por parte del país requirente.
Gairaud añadió que su cliente fue requerido en Estados Unidos por el delito de «Conspiración», que no existe en la legislación costarricense.
Fiscalía responde
El fiscal Elías Carranza refutó los argumentos de los abogados defensores. Con base en el criterio de constitucionalistas como Rubén Hernández o Fabián Volio, sostiene que la reforma sí es retroactiva, es decir, que se podía aplicar a hechos sucedidos antes del cambio.
Carranza dijo en la audiencia que el tipo de delincuencia atribuido a Gamboa y Álvarez es grave, pero que en Costa Rica no se está decidiendo si son culpables o no; únicamente se define si deben enfrentar a la justicia de Estados Unidos.
El representante del Ministerio Público expresó que se está intentando hacer ver violaciones a la soberanía nacional cuando eso es incorrecto.
«El legislador posibilitó que se pueda entregar a personas que sean requeridas por tráfico internacional de drogas», recalcó.
Sobre la supuesta parcialidad del juez, afirmó que está en desacuerdo con la afirmación.
«¿Qué iba a saber don William que iba a venir esta extradición, que a él le iba a tocar? Dicen que debió apartarse porque emitió una opinión. No comparto para nada que una persona que emitió un criterio legal sobre una reforma legal no pueda después conocer un caso porque él nunca prejuzgó sobre la situación particular de estas personas», detalló.
Carranza recordó que Costa Rica es parte de la Convención de Viena sobre narcotráfico y de redes internacionales como Interpol o Ameripol, hecho que obliga a penalizar delincuencias y colaborar con los demás países.
«Nos quieren también hacer ve que la Policía ya estaba enterada… tal vez ya estaba enterada porque su homólogo estadounidense le dijo ‘vea, viene un pedido en camino’. No veo ninguna violación al debido proceso de que si la Policía se estaba preparando para realizar una captura», sostuvo.
En conversación con Noticias Columbia, el fiscal también se refirió al argumento de que los hechos debían conocerse en Tribunales ticos porque ocurrieron aquí.
«Cuando tenemos tráfico internacional de drogas, podemos tener dos o más países involucrados. En el caso de estas personas, se atribuye que son parte de una organización delictiva transnacional que está trasegando cocaína desde Colombia u otros países suramericanos, pasando por Centroamérica, Costa Rica, Panamá, Honduras y otros países para su destino final Estados Unidos», aseveró.
«No se está diciendo únicamente que el delito ocurre en Costa Rica», agregó.
Escuche aquí la entrevista completa:
Sobre el cuestionamiento de que no existe el delito de «conspiración», Carranza manifestó que en Costa Rica se entenderá como «asociación ilícita», que sí está tipificado localmente.
