A solicitud de Noticias Columbia, el PANI, Conapdis y la Fundación involucrada hicieron una actualización. Se está a la espera del criterio de la Fiscalía.
Este 5 de marzo se cumple un año de los allanamientos por el caso de la Fundación Hogar Manos Abiertas en sus sedes en Alajuela y La Unión.
La Fundación atendía a personas con enfermedades graves o con discapacidad, tanto menores como adultos.
El 5 de marzo del 2024, el OIJ y la Fiscalía hicieron las diligencias como parte de una investigación por los presuntos hechos de trata de personas en la modalidad de explotación laboral, maltrato, malversación de fondos, peculado y legitimación de capitales.
Ese día, cinco personas fueron detenidas, cuatro de ellas mujeres a las que se les atribuía hacerse pasar por monjas con el fin de sacar provecho económico.
La Fundación explicó que en realidad son parte de una asociación de fieles católicos y, según la Diócesis de Alajuela, tenían intenciones de recorrer un camino para eventualmente convertirse en congregación. Esa es la razón por la cual les llamaban hermanas y tenían una vestimenta particular.
También rechazaron enfáticamente los cargos de maltratos e irregularidades en el ámbito laboral o el uso de los fondos públicos que recibían.
A través de medidas cautelares, el PANI asumió la administración y custodia del hogar en Alajuela. El director de despacho de la Presidencia Ejecutiva del PANI, José Alonso Chaves, explicó que tras la intervención inicial, la institución subcontrató los servicios para operar el albergue.
El vocero confirmó que en este momento, en Tribunales, se discute la prórroga de la medida cautelar que permite al PANI, administrar las instalaciones de la Fundación en Alajuela. La pretensión de la entidad es seguir a cargo del lugar.
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El abogado Jorge Rojas Fonseca representa a tres de las mujeres imputadas en el caso. Recordó que actualmente todas están en libertad con medidas cautelares.
Rojas hizo énfasis en que está en disputa la posibilidad de que la Fundación retome el control de sus instalaciones en Alajuela.
«Hemos venido combatiendo eso porque a criterio nuestro esa fue una decisión absolutamente ilegal. El PANI no puede seguir permaneciendo ahí, ni se le puede prorrogar su permanencia toda vez que la Fundación Hogar Manos Abiertas está siendo objeto de una confiscación», expresó.
Escuche las declaraciones completas:
El directivo de la Fundación Hogar Manos Abiertas, Edgar Rodríguez, dijo que la entidad ha sido respetuosa de los procesos judiciales. Recalcó que la pretensión es que se les devuelva la administración de sus sedes en Alajuela y La Unión.
Rodríguez asegura que al Gobierno actualmente le sale más costoso mantener los centros de cuido funcionando en comparación a cuando lo hacía la Fundación con los subsidios.
El directivo indicó que uno de los problemas que enfrentan es que, un año después, no han podido pagar las liquidaciones de trabajadores que fueron despedidos.
Escuche aquí la entrevista completa:
Noticias Columbia solicitó a la Fiscalía una actualización del caso conocido como «Manos Abiertas», sin embargo, al cierre de esta no habíamos tenido respuesta.
Posición de Conapdis
El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) envió por escrito su posición con respecto al caso «Manos Abiertas. La institución fue la que se hizo cargo del albergue de La Unión de Cartago.
Este es el mensaje completo:
A partir de los hechos, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, Conapdis, ha desarrollado tres líneas de acción para mejorar los servicios a todas las personas en situación de discapacidad en todo el país, tanto a quienes están en alguna de las alternativas residenciales, como en los demás servicios que se brindan.
1-Se procedió con la construcción de mecanismos de control y seguimiento para garantizar que la prestación de servicios que se brinda por parte de entes privados a la población en situación de discapacidad cumpla con las condiciones de legalidad para un abordaje óptimo que brinde calidad de vida a la población en situación de discapacidad.
2-Como ente rector nos hemos abocado a dar fiel cumplimiento a las recomendaciones vertidas por la Defensoría de los Habitantes, tras la evaluación del caso, encontrándose a la fecha en un cumplimiento sistemático y evolutivo que permita a la institución garantizar la protección de los derechos de la población.
3-Finalmente, pero no menos importante, se ha desarrollado una acción de colaboración conjunta con distintas instituciones del Estado para contar tanto con mayores recursos para la atención de la población en situación de discapacidad, así como para la elaboración de propuestas clave que permitan contar con un programa robusto en cuanto al seguimiento de las políticas públicas en favor del eje social que repercute en nuestros usuarios.
