La Comisión Especial Investigadora de presuntas irregularidades dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) recibió en audiencia a la secretaria y al asesor legal del órgano colegiado.
El asesor legal de la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social se abstuvo de calificar como ‘legales o ilegales’ las decisiones en torno a la contratación de cooperativas para administrar EBAIS.
Este martes, la Comisión Especial Investigadora de presuntas irregularidades dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) recibió en audiencia a la secretaria de la junta directiva, Carolina Arguedas, y al asesor legal del órgano colegiado, David Valverde.
En el espacio, los legisladores ahondaron sobre las decisiones que llevaron a la adjudicación de diferentes cooperativas para administrar EBAIS, asunto que se encuentra en investigación judicial bajo el nombre de “Caso Barrenador”.
En su exposición inicial, la secretaria de la junta, Carolina Arguedas, explicó que ha estado en el cargo desde el 2018, salvo cuando fue suspendida entre febrero del 2023 y mayo del 2024.
Cuando regresó, Arguedas encontró algunos cambios en la dinámica de la junta, y presenció algunas decisiones en torno al “Caso Barrenador”.
“En junio 2024, el 4 de junio, se me instruye de parte de la presidencia de la junta directiva convocar a un taller el martes 4 de julio para que se viera el tema de cooperativas, teníamos convocada una sesión, la sesión 9454, y la directriz fue suspender la sesión y hacer el taller, a la hora de hacer el taller, bueno, la directriz que recibí, yo consulté en el momento de hacer el taller si el taller se grababa y la instrucción fue que no se grabara”, apuntó.
“En la sesión 9459 del 22 de junio se debía analizar, bueno, fue un acuerdo que se tomó por parte de la junta directiva de analizar otra vez todo el proceso que tenía que ver con esa contratación; posteriormente en sesión 9463, si no me equivoco fue el 4 de julio de 2024, se recibe el informe técnico de la ingeniera Marrielos Gutiérrez para conocimiento del órgano colegiado y es el sábado 6 de julio en la sesión 9464, que es conocido por todos, que se hace la adjudicación, un sábado, con seis miembros de junta directiva, tres representantes de los patronos y tres representantes del Estado”, agregó.
La secretaria de la junta puntualizó que fue la expresidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel quien le dijo que no era necesario grabar el taller.
En la ronda de preguntas, la diputada frenteamplista Rocío Alfaro consultó por ese taller.
“En el caso del taller, que fue además para ver precisamente el tema de la asignación de las cooperativas a estos Ebais, en el caso de ese taller ¿quiénes participaron?”, consultó la diputada.
“Sí quedó constancia, no quedó grabado el taller porque la disposición fue no grabarlo, podría sacar el dato porque fue una sesión que se dio por Teams y se lo podría suministrar”, respondió.
La frenteamplista también dirigió sus consultas al asesor legal, David Valverde, específicamente sobre si rindió criterio cuando se decidió adjudicar a las cooperativas en una sesión sabatina convocada por la expresidenta ejecutiva.
Sin embargo, el abogado manifestó que se abstendría de declarar sobre asuntos que no consten en documentos públicos.
El asesor legal volvió a abstenerse de responder ante las consultas del oficialista Daniel Vargas, quien hizo interrogantes sobre presuntas irregularidades en las decisiones de la junta.
“Desde su perspectiva de abogado y de asesor, ¿actuó mal la junta directiva desde las perspectivas técnica y jurídica al llevar adelante el acto de adjudicación?”, consultó.
“Señor diputado, me acojo al artículo 106 de mi deber de confidencialidad”, respondió.
“Como asesor jurídico, ¿puede usted señalar alguna falta a la ley o reglamento en el actuar de la junta directiva o de la presidencia ejecutiva en el trámite de la licitación?”, repreguntó el legislador.
“Señor diputado, con base en el artículo 206 del Código Procesal Penal debo abstenerme”, respondió el asesor.
