El Gobierno insiste en que no se necesita un proyecto de ley para trasladar los fondos destinados al pago de las licencias de cuido.
Una fuerte discusión entre los diputados Pilar Cisneros y Jonathan Acuña marcó la sesión legislativa de este martes, en medio del debate por el atraso en el pago de las licencias de cuido, que afecta a más de 1.200 personas desde el mes de agosto.
Las licencias son otorgadas a quienes deben dejar sus trabajos para cuidar a familiares con enfermedades terminales, pero los beneficiarios no han recibido el dinero porque no existen recursos disponibles en el Fondo de Asignaciones Familiares (FAF).
El conflicto político surgió luego de que se aprobara una moción al presupuesto extraordinario para trasladar recursos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Sin embargo, la ley no permite ese tipo de transferencias, lo que impide realizar los giros.
Ante esta situación, el diputado del Frente Amplio, Jonathan Acuña, criticó al presidente Rodrigo Chaves, asegurando que el Gobierno ha mostrado “una política de crueldad” al no atender las necesidades de las familias afectadas.
“Lo único que le importa al presidente Chávez es meterse en pleitos baratos con sus adversarios. Hemos visto una muestra de la política de la crueldad y de la politiquería más baja”, señaló Acuña durante su intervención en el plenario.
Por su parte, la jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, respondió que la moción presentada por Acuña tenía errores técnicos y que el legislador “sabía perfectamente” que no resolvía el problema.
“Yo sé que la moción fue suya y la aprobé en Hacendarios, pero no tomé en cuenta que la colectiva que usted le metió no permite pagar esos recursos, y usted lo sabe mejor que yo”, afirmó Cisneros.
El diputado frenteamplista replicó que la moción fue aprobada con el voto de Cisneros y que el proyecto de ley sigue siendo necesario para poder girar los recursos.
“Doña Pilar, usted la votó a favor sin hacer ni una observación. ¿Cómo va a venir a decirnos ahora que estaba mala si la aprobó?”, cuestionó Acuña.
La Contraloría General de la República respaldó el criterio del Frente Amplio y confirmó que no es posible realizar los pagos sin una ley que habilite el traslado de fondos entre instituciones.
Mientras tanto, más de 1.200 personas que cuidan a sus familiares enfermos siguen a la espera de una solución que les permita recibir los recursos que les corresponden desde hace tres meses.
