Luego de amenazas en la Fiscalía General de la República, una serie de edificios de la UCR fueron evacuados este lunes ante una alerta de bomba.
Las recientes alertas por amenazas de bomba, tanto en la Universidad de Costa Rica (UCR), este lunes, como en la Fiscalía General de la República, el pasado martes, mantienen en alerta a las instituciones de cara a posibles evacuaciones y activación de protocolos.
Además, existe preocupación por la cercanía que tienen ambos hechos y el nivel de violencia expresado, mediante un correo electrónico, a las autoridades de la universidad.
Ante este panorama, en Noticias Columbia consultamos con profesionales para conocer a qué se exponen las personas que realizan estas alertas y qué tan frecuente ha sido el tema en Costa Rica.
El abogado experto en Derecho Penal, Dennis Solano, explicó en qué consiste este delito y las penas que pueden aplicarse.
«Nuestro Código Penal tiene regulado un instrumento que se llama la ‘intimidación pública’. Es el artículo 289 del Código Penal y tiene una pena de prisión de 6 meses a 4 años de cárcel, en donde, básicamente, lo que nos señala es a aquella persona que genere o amenace a ser un peligro común. Al ser un peligro común, estamos hablando de que si se acciona, eventualmente, una bomba, pues tiene una incidencia de peligrosidad bastante alta. Lo que sucede también es que no importa si la amenaza se materializa o no se materializa, si es falsa o es verdadera El delito es un delito de peligro per se. Entonces, en el primer acto ipso facto que se da el tema de la de la composición del mismo, se da el delito y, eventualmente, se puede perseguir a las personas por esos actos», detalló Solano.
Por su parte, el director de Ciencias Criminológicas de la UNED, Rodrigo Campos, mencionó que este tipo de amenazas ya han ocurrido en otros momentos de la historia del país.
«Costa Rica se ha caracterizado por incluir en su cultura el elemento de la paz como uno de los ejes centrales. Es así que, en nuestro día a día, siempre vamos a preferir una forma pacífica, algo más de diálogo e incluso varias de nuestras instituciones en el tema de administración de justicia han articulado mecanismos que tienen la paz como un eje principal. Entonces, no es raro que, en general, estas ideas de violencia extrema, de sedición, de amenazas de bomba, etcétera, nos impacten y nos hagan pensar en qué está pasando. Ahora bien, no es la primera vez tampoco que Costa Rica pasa momentos en donde las acciones subversivas, sean simbólicas o materiales, estén en la agenda del día a día. Ya hemos tenido otras épocas con este tipo de amenazas, incluso con algunas acciones que han llevado a algunos grupos a armarse o a entrenar y prepararse en ese sentido», afirmó el académico.
Finalmente, Campos se refirió a la necesidad que tienen las autoridades por siempre atender, mediante una serie de protocolos, estas situaciones, pese a que podría no haber una bomba.
«No hay una industria armamentística como en otros países, pero eso no significa que no existan las posibilidades para que una persona, con el conocimiento adecuado, pueda desarrollar algunos instrumentos. Por eso es que siempre las amenazas de bomba son consideradas como potenciales amenazas reales y se actúa como si en realidad existiera un artefacto, porque en cualquier momento este artefacto podría existir. Por eso es que hay perros entrenados para detectar explosivos, hay personal policial con entrenamiento para manejar este tipo de asuntos y todo un operativo que se despliega y se activa cada vez que tenemos este tipo de amenazas», añadió el criminólogo.
