El jerarca cuestiona la imparcialidad del Concejo tras recusar a 17 regidores, en un proceso que ahora deberá resolver el presidente Rodrigo Chaves.
El alcalde de San José, Diego Miranda, aseguró que hará uso de todos los recursos legales disponibles para defenderse en medio del proceso administrativo que enfrenta y la recusación que presentó contra 17 regidores del Concejo Municipal.
Las declaraciones surgen mientras el caso permanece en pausa y a la espera de una resolución del presidente de la República, Rodrigo Chaves, quien deberá intervenir como árbitro para definir si los regidores pueden continuar conociendo el expediente.
“Voy a defender mis derechos”
Miranda defendió la recusación como un mecanismo legítimo dentro del marco legal.
“Como en otras ocasiones, he ejercido y estoy ejerciendo mi defensa, y el mecanismo de recusación es una herramienta que establece la ley para proteger los derechos cuando uno siente que han sido violentados”, afirmó.
El alcalde también cuestionó la actuación del Concejo Municipal, al señalar lo que considera una falta de imparcialidad.
“Una vez más se demuestra la parcialidad y la cuasi persecución del Concejo Municipal en mi contra”, sostuvo.
Además, acusó a los regidores de intentar obstaculizar su gestión.
“Existe una insistencia sistemática por entorpecer el trabajo que he venido realizando en beneficio de la población de San José”, agregó.
Cuestiona imparcialidad del Concejo
Miranda indicó que declaraciones públicas de algunos regidores refuerzan su argumento de recusación.
“Confirman que no existe imparcialidad para resolver en casos de sanciones administrativas contra los alcaldes”, manifestó.
El jerarca advirtió que llevará el caso a distintas instancias judiciales si es necesario.
“Haré uso de todos los recursos legales que la ley me otorga para garantizar mis derechos y el debido proceso”, concluyó.
Investigación en curso
El proceso contra el alcalde se originó a partir de un informe que recomendó investigarlo por el presunto uso de recursos municipales en un asunto personal.
En específico, se le señala por el aparente uso de dos abogados de la institución en una gestión privada. Aunque el caso fue desestimado en la vía penal, continúa su trámite en la vía administrativa.
