Este fin de semana, el mandatario salvadoreño hizo oficial su decisión de hace algunos días.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, oficializó este fin de semana su candidatura en las elecciones del 2024, pese a que existe una prohibición constitucional.
El anuncio se da en un contexto en que el mandatario tiene gran apoyo de los salvadoreños.
Según el analista internacional Daniel López, deben tenerse en cuenta dos perspectivas de la situación de El Salvador, en medio de una coyuntura particular que ha llevado al gran apoyo del presidente salvadoreño.
- La perspectiva de la ciudadanía: “siempre buscamos ese Redentor que venga a solucionar los problemas que tenemos día a día. Nayib Bukele, por su particular posición tajante y discurso, ha logrado acoplar sus acciones a lo que esperaba el pueblo salvadoreño desde hace mucho tiempo, que era poner en orden la situación con el crimen organizado y la situación de las maras”, manifestó López
- La perspectiva de la legalidad: el analista señaló que esta “es la que se pone a tambalear cuando vemos la realidad salvadoreña”
¿Qué implicaciones podría tener un anuncio como este en nuestro país?
Según López, viene una tarea difícil para Cancillería y Casa Presidencial, pero nuestro país ha sido muy claro en no reconocer Gobiernos que hayan llegado al poder sin seguir la legalidad.
“El Salvador ha significado ser un socio razonable, un buen vecino centroamericano e incluso más de lo que esperábamos de otros países centroamericanos. Si bien es cierto el orden en El Salvador beneficia no solo a El Salvador sino a todo Centroamérica, esa es la cuestión de la legalidad, entonces podríamos llegar a esta misma encrucijada de que si merece la pena sacrificar la legalidad por la tranquilidad social”, manifestó López.
¿Podría pasar algo similar en nuestro país?
Según el abogado constitucionalista Marvin Carvajal, lo que está pasando en El Salvador refleja una débil institucionalidad, contrario a lo que pasa en nuestro país.
“El Tribunal Supremo de Elecciones, ante cualquier intento de cualquier persona que no cumpla con los requisitos establecidos en la Constitución y entre ellos el no haber sido presidente o presidenta de la República durante al menos ocho años antes del ejercicio, el Tribunal debería rechazar y ciertamente lo haría sin ninguna posibilidad de reclamo, ni siquiera podría reclamarse esto ante la Sala Constitucional”, expresó Carvajal.
