El delito de defraudación fiscal que las autoridades detectaron involucra cargamentos venidos de Perú y Argentina, donde las autoridades no hallaron irregularidades en las facturas de despacho del producto
La Dirección de Aduanas del Ministerio de Hacienda confirmó que las autoridades judiciales tienen en conocimiento dos casos de importación irregular de cebollas, y hay averiguaciones sobre otros posibles cuatro casos.
En entrevista con Noticias Columbia, el director Juan Carlos Gómez confirmó que Costa Rica solicita información directa a sus pares en Perú y Argentina, procedencia de los cargamentos para clarificar los valores tasados en el punto de origen y lo reportado en territorio nacional.
Sin embargo, ya las autoridades tienen claro que son los importadores nacionales los que reportaron valores menores y por ende menor cantidad de impuestos a cancelar.
«Nosotros actuamos contra los que aparecen el consignatario y nacionalizan el producto, nos vamos para atrás a Perú a ver qué facturas tienen. Por eso es que cuando consultamos allá las facturas no da con las que presentan aquí, por eso llegamos a la claridad de que es un delito y por eso lo remitimos al Ministerio Público. Encontramos cooperación allá en el país de origen, en este caso Perú, con nuestros homólogos, y eso es lo que nos ha permitido probar que son precios alterados. El tema de las barreras arancelarias son interesantes por eso, porque hay gente que se las quiere brincar con los valores, pero ese arancel sí tiene que sujetarse a ese pago», explicó Gómez a consulta de este medio.
Gómez explicó que en los dos casos enviados al Ministerio Público se contabilizan tributos dejados de pagar en el orden de los 10 y los 6 millones de colones.
Por disposición de las autoridades nacionales la cebolla al importarse debe pagar un 46% de arancel, y ese es el monto sobre el cual ocurriría la defraudación fiscal.
El abogado de la Asociación de Horticultores del Irazú, Cesar Gómez explicó que ellos no piden cerrar importaciones ni nada similar, si no que exista comercio leal y de sana competencia entre los actores.
«Lo que procede en estos casos por ley es número uno, hacer los ajustes de impuestos. Número dos, que los pague el importador. Número tres, en caso de que se encuentre en el marco del delito, entonces se procede a llevarlos a las autoridades penales. El producto, por desgracia, no se va a detener porque se entiende que el importador tiene la obligación del pago de los impuestos. Por ende, el producto si él lo vende digamos a un precio muy inferior, pues el que va a tener la pérdida es él, porque va a tener las multas, va a tener que realizar el pago de los impuestos que son millonarios y también pues va a tener que darle cuenta a la fiscalía de las falsedades presentadas. Con eso es suficiente, porque definitivamente si las autoridades lo realizan en forma inmediata, pues entonces el efecto va a ser el mismo. Nosotros no estamos peleando porque se cierren las fronteras, que tenemos que dejar eso absolutamente claro. Nosotros no estamos peleando para que Costa Rica desconozca los tratados, es absurdo», fue la propuesta de quién representa la defensa e intereses de los agricultores en la vía de lo legal.
De acuerdo con Asohori esta situación tiene cerca de tres años en que ocurre sin que siempre haya existido el proceso de vigilancia de las autoridades.
