Al ser un proceso que se desarrolla en privado, de momento se desconoce quiénes habrían planteado apartarse del caso y si en efecto tendrán que hacerlo. Se trata del expediente relacionado con fondos del BCIE.
El Poder Judicial confirmó que este lunes 26 de mayo se integró el Tribunal de Corte Plena para iniciar, en sesión privada, el conocimiento del informe relacionado con el expediente 25-000019-0033-PE.
Se trata de la acusación que presentó la Fiscalía contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, por el caso relacionado con fondos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
En la causa se investigó la contratación de la productora audiovisual de Christian Bulgarelli, quien presuntamente habría tenido ventaja para adjudicarse el proceso. Además se señala un supuesto beneficio económico para un amigo del presidente.
«Como primer acto procesal se resolvieron las solicitudes de inhibitoria presentadas por personas magistradas. Las resoluciones respectivas se encuentran en proceso de redacción», dice el informe.
El análisis del fondo del informe se realizará en una sesión posterior, cuya fecha será definida oportunamente», agrega. Inhibirse significa abstenerse de conocer algún asunto, así como actuar, intervenir o decidir, al considerar que existe una causa justificada que lo impide; por ejemplo, que se vea comprometida la imparcialidad.
La Fiscalía acusa al presidente del presunto delito de concusión. Este ocurre cuando un funcionario público, abusando de sus funciones, «obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o beneficio patrimonial”.
Los magistrados deben decidir si desestiman la acusación o si le dan curso. Si consideran que hay fundamento, la trasladan a la Asamblea Legislativa donde los diputados deberán definir si se levanta la inmunidad al mandatario para que sea juzgado ante la Sala III de la Corte.
Los legisladores también pueden votar por mantener el fuero especial a Chaves de modo que no enfrentaría el debate.
El mandatario y su abogado, José Miguel Villalobos, rechazaron los cargos y alegan que no se ha cometido ningún delito en el caso del BCIE. Chaves incluso afirma que se trata de represalias en su contra por sus constantes críticas al Poder Judicial.
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