La difusión de un acuerdo con el Foro Mi País generó cuestionamientos legales y políticos sobre el uso de creencias religiosas en campaña, mientras el TSE recuerda los mecanismos de denuncia y expertos advierten sobre posibles sanciones.
La publicación y difusión de un acuerdo entre la candidata Laura Fernández y el denominado “Foro Mi País”, divulgado mediante folletos dirigidos a comunidades cristianas para orientar el voto a favor del partido Pueblo Soberano, generó cuestionamientos sobre un eventual uso de motivos religiosos en propaganda política, una práctica expresamente prohibida por la legislación costarricense.
Tanto la Constitución Política como el Código Electoral establecen límites claros al uso de creencias religiosas con fines proselitistas, con el objetivo de proteger la libertad de conciencia de la ciudadanía y la neutralidad del proceso electoral.
El asesor de la Presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Andrei Cambronero, explicó que existen mecanismos legales para atender este tipo de situaciones cuando se presentan posibles irregularidades. Detalló que una de las vías es la denuncia ante la Dirección General del Registro Electoral, en casos donde se invoquen creencias religiosas para llamar a adherirse o separarse de una tendencia política, lo cual podría derivar en sanciones económicas.
Cambronero añadió que, en otros escenarios, el TSE ha conocido reclamos mediante recursos de amparo electoral, particularmente cuando figuras de autoridad religiosa, congregaciones o incluso la Iglesia Católica realizan llamados políticos relacionados con temas específicos como el aborto o el matrimonio igualitario. No obstante, aclaró que esta vía solo es admisible cuando existe una afectación grave y reiterada a los derechos fundamentales o una influencia de gran magnitud que amerite la tutela constitucional.
Marco legal y posibles sanciones
Sobre el tema, el abogado constitucionalista Marvin Carvajal recordó que el artículo 28 de la Constitución Política establece un límite expreso a la libertad de expresión en materia electoral, al prohibir el uso de motivos religiosos con fines proselitistas. Indicó que esta disposición fue retomada de manera literal en el artículo 136 del Código Electoral.
Carvajal advirtió que el incumplimiento de esta norma puede acarrear sanciones económicas, ya que el artículo 289 del Código Electoral establece multas que van de 10 a 50 salarios base para personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que infrinjan estas disposiciones, siempre que la conducta no esté tipificada como delito electoral.
“Quien utilice motivos religiosos para hacer propaganda electoral incurre en una falta sancionable”, subrayó el constitucionalista.
Contenido del acuerdo y postura del Foro
De acuerdo con la información contenida en los folletos distribuidos a comunidades cristianas, el acuerdo contemplaría permitir al foro proponer candidatos para cargos como la Defensoría de los Habitantes, el Poder Judicial y embajadas, además de garantizar 24 espacios para diputados evangélicos y prestar “especial atención” al nombramiento de los ministros de Salud y Educación.
Desde el Foro Mi País se promueve como ideología política el denominado “cristianismo social”, el cual —según su representante Reynaldo Salazar— prioriza los valores y principios cristianos como base para el análisis y la toma de decisiones en temas políticos y sociales.
Reacciones y deslindes
Ante la polémica, la Federación Alianza Evangélica Costarricense (FAEC) emitió un comunicado de prensa en el que aclaró que el evento no fue organizado por ellos y se desligó de cualquier respaldo al foro.
“La FAEC conoce el accionar del Foro, movimiento cívico que opera de manera autónoma de acuerdo con su propia visión y objetivos. No obstante, dicho conocimiento no constituye, ni debe interpretarse, como un endoso institucional a sus posturas, opiniones o acciones”, indicó la organización.
Las supuestas negociaciones también generaron reacciones entre aspirantes a la Presidencia de la República. El candidato del partido Avanza, José Aguilar Berrocal, señaló que, de confirmarse los hechos, se trataría de una contradicción con el discurso de cambio que promueve el oficialismo.
Por su parte, el candidato Fabricio Alvarado afirmó que se trata de un grupo reducido de pastores y sostuvo que los verdaderos sectores conservadores no negocian principios ni valores con fines electorales.
En tanto, la ex primera dama de la República y aspirante de la Coalición Agenda Ciudadana calificó la situación como un acto de clientelismo político, al considerar que la fe no debe utilizarse como moneda de cambio electoral.
Finalmente, desde el comando de campaña de Laura Fernández rechazaron las acusaciones y aseguraron que no se negociaron puestos ni cargos públicos, negando cualquier ofrecimiento a cambio de apoyo político.
