Autoridades de supervisión indicaron que el proceso de intervención se inició en el momento oportuno, según la información con la que contaban. Afectados señalan que entidades tienen parte de la responsabilidad.
Carlos Siles es uno de los más de 5.000 afectados por la situación en CS Ahorro y Crédito, conocida anteriormente como Coopeservidores, que aún están a la espera de conocer cuánto dinero perderán por la declaratoria de inviabilidad en la entidad financiera.
Desde Conassif se informó que el 97% de los clientes recibirían la totalidad de su dinero, luego del proceso de resolución.
Este grupo corresponde a aquellas personas, físicas o jurídicas, que tenían menos de seis millones de colones.
Sin embargo, unas 5.500 forman parte del grupo que, al tener más fondos, sufrirán recortes durante este proceso, los cuales aún se desconocen con precisión, aunque se estima que oscilarán entre el 20% y el 50%.
Según Siles, esta situación mantiene agobiados a estas miles de personas por la incertidumbre sobre el futuro de su dinero.
“No estamos satisfechos con esta resolución, puesto que somos más de 5.500 personas que hoy tenemos que seguir esperando por un recorte, el cual aún no se ha determinado, que puede ser del 20% como mínimo y hasta un 50%. Se nos ha tratado de inversionistas, que somos privilegiados y realmente no es así. Muchas de estas personas que conforman este grupo, de más de 5.000 personas, son adultos mayores que tienen toda su vida de trabajo ahí, son personas que recibieron su jubilación y decidieron realizar sus inversiones en dicha cooperativa, entonces no somos inversionistas privilegiados. No nos parece correcto que por un actuar tardío de la SUGEF hoy tengamos que cubrir ese faltante”, lamentó Siles.
El afectado lamentó no haber sentido respaldo por parte de las autoridades competentes, como Conassif y Sugef, previo al proceso, esto para que la supervisión fuera realizada con anterioridad y no estar en la situación en la que se encuentran.
La crítica sobre la labor de estas entidades comenzó desde el inicio de la intervención y se agudizó en los últimos días.
Según el abogado especialista en Derecho Laboral y Comercial, Kendall Ruiz, este proceso fue tardío y con particularidades que trajeron mayores afectaciones a los clientes de la cooperativa.
“Yo considero que la intervención no fue tan oportuna como tendría que haberse realizado, a pesar de que, en efecto, se estaba recibiendo información falsa por parte de los directivos y personeros de Coopeservidores, según lo que manifiestan las autoridades. Habían algunos indicadores que podían hacer ver que podían realizar intervenciones nivel 1 y nivel 2 de manera previa, para poder determinar si estos indicadores que estaban viendo ellos les ayudaban a determinar que había algo irregular dentro de la entidad. Entonces, considero que sí fue tardía. Adicionalmente, la intervención 3 permite realizar distintos mecanismos, no tan agresivos, para la operativa de la organización. Por poner un ejemplo, algo que no comparto que se hizo fue el bloqueo total y absoluto de las cuentas y esto impidió el rebajo de planilla, cuando eventualmente hubieran podido disponer que se bloqueara para ciertas transacciones y que se mantuviera el rebajo de planillas a las personas que estaban determinadas”, apuntó el abogado.
Por el contrario, el profesor de la Maestría de Riesgos de la Escuela de Economía de la UCR, Vidal Villalobos, afirmó que el proceso inició en el momento en el cual las autoridades tuvieron los insumos suficientes para realizarlo.
“Las autoridades tienen que esperar que se perfeccione el hecho fáctico para poder actuar y, en este caso, fue la insuficiencia patrimonial, En marzo, estaba en 10.5, el mínimo es 10, entonces en marzo no pudieron actuar. El dato de abril dio 8.6. Se conoció en la primera semana de mayo y ellos intervinieron el 13 de mayo, dando un mes de plazo para que la intervención inicialmente fuera al 13 de junio y luego la extendieron unos días. Yo no estoy defendiendo a nadie, el tema es ¿Cuáles son las herramientas que se le dan a las entidades para que puedan actuar?”, cuestionó Villalobos.
Autoridades se defienden.
En la misma línea, el entonces interventor y ahora administrador de la resolución, Marco Hernández, aseguró en Hablando Claro que actuaron en el momento en el que tuvieron evidencias que sugirieran la necesidad de una intervención.
“La SUGEF no puede intervenir porque se le antoja. Tiene que intervenir cuando ya la evidencia así se lo exige y, en este caso, esa evidencia tuvo que construirse por parte de la SUGEF para determinar, efectivamente, que la entidad ya estaba en una situación muy problemática. Eso fue a finales de diciembre del 2023, en donde se le hizo un informe a la entidad, en donde se determinó que ellos tenían que reclasificar una cartera crediticia muy importante”, afirmó Hernández.
Para la jerarca de la SUGEF, Rocío Aguilar, la intervención inició al menos tres meses antes de que la situación de la cooperativa empeorara aún más.
“Desde nuestra perspectiva, la intervención incluso se hizo antes de que la entidad llegara al grado de irregularidad 3. La irregularidad 3 se alcanza cuando el nivel de suficiencia patrimonial llega a menos de 8%. Entonces, esa intervención se recomendó al menos tres meses antes de que esto se diera”, argumentó Aguilar.
Finalmente, el analista financiero, Daniel Suchar, aseguró que los protocolos que se utilizaron para el proceso pueden mejorarse, pero que son los que correspondían según la manera en la que actúa la SUGEF.
“Los procesos de supervisión, si bien uno pudiera denotar que puede haber algún tipo de tardía, hay que recordar que existen unos procedimientos y que el tiempo de cada uno de ellos está justamente definido en los protocolos de intervención. Puede ser que la irritación a nivel nacional con lo ocurrido con Coopeservidores pueda generar un morbo, pero hay que darse cuenta de que los tiempos se hicieron con base a los protocolos que ya tiene la Superintendencia General de Entidades Financieras”, detalló el analista.
