Sindicatos de la Caja Costarricense de Seguro Social criticaron gestión de la institución, luego de informe de la Contraloría advirtiendo sobre problemas en la ejecución de infraestructura.
La Contraloría General de la República (CGR) alertó sobre el programa de inversión para infraestructura que mantiene la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), mediante el fideicomiso con el Banco de Costa Rica (BCR).
Dentro del informe se encontró una serie de hallazgos cuestionables en el manejo de este programa.
El fideicomiso funcionaría para ejecutar 53 proyectos para infraestructura en 30 sedes de salud, de los cuales, ninguno ha sido entregado.
Uno de ellos tiene que ver con la problemática originada por la suspensión del portafolio de inversiones, en el primer trimestre del año anterior, según destacó la gerente del área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social de la CGR, Carolina Retana.
«La CGR emitió un informe de auditoría relacionado con un programa a cargo de la CCSS, cuyo principal objetivo es desarrollar obras de infraestructura para las sedes de salud de diferentes comunidades, apoyado en un fideicomiso con el BCR. Se encontró que la Caja no estableció una estructura de gobernanza que le permitiera impulsar la planificación oportuna de los proyectos y el manejo de riesgos, por lo que hubo retrasos para dar orden de inicio a las primeras obras. Además, al momento en que ya se registraban avances, la Junta Directiva de la Caja, de forma paralela al fideicomiso y sin fundamento en estudios técnicos, suspendió los proyectos del portafolio de inversiones institucional, generando un impacto negativo en este programa. Es así que, durante la vigencia del contrato de fideicomiso, no se entregó ninguna obra y, aunque se amplió el plazo del contrato, a la fecha prevalece la indeterminación en cuanto al alcance del programa ocasionada en la referida suspensión del portafolio de inversiones y, por ende, no se tiene certeza de su costo final. Todo lo cual, coloca en riesgo la oportunidad de entrada en operación de los establecimientos y la obtención de los beneficios previstos con el programa», detalló Retana.
Pese a que en mayo del 2024 se volvió a poner en marcha el portafolio de inversiones, solo 30 de los 53 proyectos se han reanudado.
Para la presidenta del Movimiento Unidos por la CCSS, Natalia Solís, es necesario que las autoridades de la institución velen por los intereses de la misma.
Según Solís, se ha afectado a la Caja a través de las decisiones tomadas en los últimos años, como la suspensión del portafolio de inversiones.
«Cuando sin criterio se decidió suspender el portafolio de inversiones, aduciendo que la Caja estaba inestable financieramente, parte de los proyectos que se suspendieron tenían que ver con este fideicomiso. Entonces, las consecuencias a largo plazo son claras en que lo que venía este proyecto Caja-BCR era fortalecer el primer nivel que, en definitiva, es una urgencia para la salud de este país. ¿Cuáles son las soluciones? Número uno, nombrar una Presidencia Ejecutiva para que la Junta pueda reanudar sus sesiones y lo que siempre hemos pregonado es que se tiene que colocar dentro de la cabeza de esa institución a alguien que abogue por la población y por la salud pública, que respete el modelo ideológico fundacional de la Caja», mencionó Solís.
Por su parte, el vocero de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), Deivis Ovares, exigió que se retomen los proyectos detenidos y culpó a los representantes del Gobierno en la Junta Directiva de ir en contra de los intereses de los usuarios de la institución.
«En el sindicato Undeca habíamos denunciado, efectivamente, que la decisión que tomó la Junta Directiva, que fue nombrada a dedo por el presidente Rodrigo Chaves y que después fue removida por la Sala Constitucional actuó con la más absoluta irresponsabilidad. Incluso, algunos de esos miembros que habían nombrado en ese momento y que actuaron usurpando puestos en la ilegalidad, fueron restituidos nuevamente al escenario de la Junta Directiva, ya no con nombramientos como representante laborales, sino con nombramientos del Poder Ejecutivo. Es una barbaridad que estos proyectos tengan los atrasos que tienen porque se está afectando a las comunidades. Nosotros lo hemos señalado, todas las acciones del gobierno de Rodrigo Chaves Robles en contra de la CCSS son un saboteo permanente a lo que venía bien organizado, a lo que venía bien estructurado, a lo que tenía criterios técnicos y que había cumplido todos los procesos burocráticos para poder llevarse adelante», manifestó el líder sindical.
Denuncia a Chaves por no nombrar presidente ejecutivo.
Ante la necesidad de nombrar a alguien en la Presidencia Ejecutiva de la Caja para que la Junta Directiva pueda sesionar, desde la Unión Médica Nacional (UMN) solicitaron una investigación a la Fiscalía General de la República.
Según indicó la vicepresidenta de este cuerpo sindical, Janice Sandí, el Consejo de Gobierno, dirigido por el mandatario Rodrigo Chaves, no tiene justificación para dejar a la Caja sin presidente ejecutivo.
«La UMN se presentó ante la Fiscalía General de la República, en específico ante el señor fiscal general y master Carlo Díaz Sánchez, para que proceda a investigar al presidente de la República, don Rodrigo Chaves Robles, ya que ha dejado de nombrar al presidente ejecutivo de la CCSS, con lo cual la Junta Directiva se ve imposibilitada de atender todos los asuntos que corresponden a la dirección superior de la principal empresa costarricense pública, que es la Caja. Como una organización sindical seria y con trayectoria, nos corresponde velar por los intereses de los costarricenses, por su salud, en especial la de los asegurados y también ser vigilantes de que la CCSS pueda seguir funcionando a derecho. tal como lo expresó recientemente la Dirección Jurídica de la CCSS, es imposible que se reúna la Junta Directiva de la Caja sin tener la presencia de la figura del presidente ejecutivo, según define nuestro marco legal», indicó la vicepresidenta de la UMN.
