El gremio reiteró además su rechazo al proyecto de ley sobre custodia del dinero, al considerar que es desbalanceado, genera inseguridad jurídica y no ataca de forma estructural el crimen organizado detrás de las estafas electrónicas.
La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) manifestó su rechazo al proyecto de ley denominado “Ley de protección a las personas consumidoras en la custodia de su dinero que administra cualquier entidad financiera en Costa Rica, ya sea pública o privada”, el cual fue aprobado en primer debate por la Comisión Plena III bajo el expediente 23.908.
El gremio considera que el texto es desbalanceado, genera inseguridad jurídica y no atiende de manera estructural el combate al crimen organizado que está detrás de las estafas electrónicas.
Salida de bancos públicos
En el mismo pronunciamiento, la ABC lamentó la decisión del Banco Nacional, el Banco de Costa Rica y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal de retirarse de la Asociación.
Según indicó, estas entidades han representado históricamente una parte sustantiva del Sistema Bancario Nacional y han sido actores clave en la construcción de posiciones técnicas conjuntas orientadas a resguardar la estabilidad financiera del país y la confianza en el sistema bancario costarricense.
La Asociación señaló además que las preocupaciones sobre el proyecto de ley son compartidas con los bancos públicos, por lo que considera fundamental continuar defendiendo una postura técnica común en representación del gremio.
Piden marco legal con bases técnicas
La ABC reiteró la necesidad de contar con un marco legal para enfrentar el fenómeno de las estafas electrónicas, que afecta tanto a las personas usuarias como a las entidades financieras, las cuales —asegura— también son víctimas de estructuras de crimen organizado.
No obstante, subrayó que cualquier legislación debe construirse sobre bases técnicas sólidas, garantizar un equilibrio adecuado de responsabilidades y enfocar sus esfuerzos en perseguir y sancionar a los responsables del delito.
La Asociación indicó que continuará participando activamente en el debate legislativo, con el objetivo de que se apruebe una regulación razonable y proporcional que proteja a las personas consumidoras, preserve la confianza en el sistema financiero y fortalezca la lucha contra las redes de fraude.
