Fue el pasado 20 de febrero que arribaron a Costa Rica los primeros 135 de 200 migrantes, como parte de un acuerdo entre el Gobierno y Estados Unidos.
Decenas de migrantes de diversas nacionalidades y provenientes de Estados Unidos, se mantienen aún en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM), ubicado en la frontera sur del país.
Fue hace cuatro meses, el pasado 20 de febrero, que arribaron a Costa Rica las primeras 135 personas migrantes que formaron parte de un acuerdo entre el país y Estados Unidos. Días después, se sumaron 65 más, alcanzando las 200 personas.
¿Qué ha pasado con esta población? ¿Dónde se encuentran y qué han hecho las autoridades?
El viceministro de Gobernación y Policía, y director de Migración y Extranjería, Omer Badilla, explicó que más de 100 personas ya hicieron un regreso voluntario a sus países de origen, mientras que otros se mantienen en Costa Rica bajo un estatus migratorio especial.
Badilla detalló que, hasta este jueves, había 31 personas en las instalaciones del CATEM, de las cuales 14 son menores de edad, 10 son mujeres y siete son hombres. Eso sí, se espera que próximamente abandonen el país otros seis migrantes.
«El Gobierno les otorgó varias posibilidades a las personas migrantes para que pudieran tomar una decisión. Una de ellas fue el retorno voluntario asistido, el cual es importante mencionar que es precisamente voluntario y que no hay ninguna coacción a cada una de estas personas. De las 101 personas que han decidido retornar voluntariamente a sus países de origen, lo han hecho de manera voluntaria y firmando los consentimientos correspondientes. Posterior a eso, la Dirección de Migración ha emitido una serie de resoluciones para regularizar el estatus migratorio de las personas que se encuentran en el CATEM. La última resolución es una que dio la categoría humanitaria a esas personas y les permite a todas ellas una libre movilidad desde el CATEM, lo que significa que desde el inicio estuvo garantizada su libertad de tránsito», informó Badilla.
La diputada independiente Cynthia Córdoba, quien forma parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, es una de las que ha seguido de cerca el tema con los migrantes alojados en el CATEM.
Ante la consulta de Noticias Columbia, la legisladora afirmó que este proceso ha mostrado que existen posibilidades de mejora para la atención de situaciones similares y el establecimiento de acuerdos con otros países para la recepción de migrantes.
«Creo que a la luz de toda la situación que vivimos y que conocimos se pueden dar una serie de mejoras importantes en todo este procedimiento, con el fin también de salvaguardar la responsabilidad de Costa Rica y todo lo que ha sido este proceso que ha sido nuevo para el país y que, de algún modo, debemos de tener ya internalizado por si se da a futuro, pero con con las mejores prácticas. Por ejemplo, me parece que no deberíamos de hacer acuerdos que sean verbales o que sean un correo, sino que debería haber un acuerdo formal de las partes, de qué le corresponde cada parte y cuáles son las responsabilidades de cada parte; los recursos que se van a asignar, quién los va a asignar y la forma en que se deben asignar. Esto con el fin de solventar dudas que pueda tener también la población relación costarricense y otros tomadores de decisión para asegurar que no se va a convertir en un gasto corriente para los costarricenses», señaló Córdoba.
Por su parte, el diputado del Frente Amplio (FA), Antonio Ortega, quien también integra la Comisión de Derechos Humanos, aseguró que ni el ministro de Seguridad, ni el canciller de la República ni el director de Migración y Extranjería se han responsabilizado por el manejo que se ha dado a la situación desde hace cuatro meses.
El frenteamplista manifestó que el Gobierno ha faltado al compromiso del país en materia de derechos humanos en la atención de estos migrantes.
«No ha habido y sigue sin haber una coordinación interinstitucional desde la llegada de estas personas en la atención adecuada dentro del CATEN. Tampoco hay claridad sobre los acuerdos reales entre los dos países, pues la documentación que han entregado es escueta. Tampoco se ha informado, como es debido, si el gobierno de Estados Unidos ha asumido los costos que implica este operativo de recibir y tener a estas personas en territorio costarricense. Desde el primer día, quedó en evidencia el desconocimiento y la poca importancia que el Gobierno le da a la legislación nacional e internacional en materia de derechos humanos que debe regir en cualquier proceso migratorio. Las condiciones en el CATEM fueron inadecuadas, el calor era extremo, camas inadecuadas, afectando directamente la salud de las personas. Hasta ayer (jueves) en la audiencia se indicó que iban a cambiar el techo con material para aislar el calor. A eso se suma que se le limitó la libertad de tránsito, se impidió el ingreso a organizaciones sociales que ofrecían apoyo y aún hay personas que siguen en el CATEM esperando resolver la situación migratoria. Cuatro meses después, el Estado sigue sin asumir que se violaron derechos humanos en materia de refugio y migración fundamental», aseguró Ortega.
La presidenta de la comisión legislativa, Monserrat Ruiz, señaló que luego de cuatro meses ha quedado evidenciado que el país no estaba preparado para una situación de este tipo.
«El CATEM, en la zona sur, es un sitio de tránsito, pero no para estadía permanente de personas migrantes. Lamentablemente, muchas de estas personas continúan en el país sin ninguna solución y con absoluta incertidumbre sobre su futuro y el de sus familias. Sí debemos señalar que se han dado mejoras en sus condiciones, como por ejemplo el otorgamiento de una categoría humanitaria y la posibilidad de desplazarse fuera del CATEM. También, ayer se nos informa por parte del viceministro que están trabajando en mejoras en la infraestructura del CATEM. Sin embargo, debo señalar que esto se gestiona luego de un control político realizado por la Comisión de Derechos Humanos, así como del control de otras instancias como la Defensoría de los Habitantes. Recibimos bien que nuestro control político haya surtido efecto, pero sí sostenemos que Costa Rica no puede convertirse en un depósito de seres humanos», afirmó la diputada verdiblanca.
Finalmente, la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, mencionó que hay deudas pendientes en cuanto a la atención brindada por las autoridades migratorias costarricenses.
«Es importante indicar que, de forma progresiva, la institucionalidad ha venido cumpliendo y acatando las recomendaciones de esta Defensoría en el resguardo de los derechos fundamentales de estas personas. Sin embargo, es importante decir que aún quedan pendientes en la materia, como por ejemplo, la definición del país destino de las personas que aún se encuentran presentes en el territorio nacional a efectos de garantizarles sus derechos e incluso saber cuál es la situación de aquellas que han solicitado refugio en el país. Continúa la necesidad de traducción para las personas que han sido deportadas a efectos de garantizar su cabal derecho a la información de forma amplia y plena. También se requiere darle un abordaje integral en la atención de las necesidades de protección de estas personas, particularmente la niñez. Sabemos que, recientemente, se han hecho coordinaciones con el Ministerio de Educación Pública a efectos de identificar un mecanismo para que las personas menores de edad, que aún están presentes, puedan asistir a la escuela y tener la educación que corresponde según las recomendaciones de esta Defensoría», dijo Cruickshank.
