Tercer juicio por supuesto delito de prevaricato comenzó este lunes en Tribunales de Goicoechea.
La mañana de este lunes en los Tribunales de Goicoechea comenzó, por tercera, el juicio por el llamado caso Crucitas; un proyecto minero que funcionó en Cutris de San Carlos y que estaba a cargo de la empresa Industrias Infinito.
En el 2008, el exministro de Ambiente, Roberto Dobles y el expresidente Oscar Arias firmaron un decreto que declaró el proyecto minero de interés público y conveniencia nacional. Fue publicado el 17 de octubre, es decir, hace exactamente 15 años.
El documento así como muchos de los trámites que le antecedieron han sido objeto de polémica y causas judiciales.
La Fiscalía sostiene que Dobles y cuatro exmiembros de la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), de apellidos Lezama, Boza, Cruz y Corrales, presuntamente cometieron el delito de prevaricato, que significa, dictar resoluciones contrarias a la ley.
Se atribuye la misma conducta a la exsecretaria de la Setena, de apellido Espinoza, y a la exjefa del Registro Nacional Minero, quien es de apellido Cavallini.
El fiscal Carlos Manuel Jiménez Robleto hizo una reseña de hechos.
La concesión minera a la empresa Industrias Infinito S.A., fue aprobada en diciembre del 2001 para la explotación de oro, plata, cobre y minerales asociados. Era la administración de Miguel Ángel Rodríguez.
En el 2022, el Gobierno de Abel Pacheco emitió una moratoria para la actividad minera metálica de oro a cielo abierto. Sin embargo, se estableció que todo derecho adquirido antes de la publicación sería respetado.
En noviembre del 2004, la Sala Constitucional anuló la resolución del 2001 que otorgó la concesión minera a Industrias Infinito porque se atribuyó sin el estudio de impacto ambiental.
A partir de este punto, a la Fiscalía atribuye a los acusados realizar, supuestamente, una serie de acciones administrativas para favorecer a Industrias Infinito, logrando que mantuviera la concesión y que se emitiera el decreto de Conveniencia Nacional en el 2008.
Entre los cuestionamientos, plantean que, en diciembre del 2007, la empresa planteó cambios sustanciales a la viabilidad ambiental del proyecto y aun así se le permitió continuar con el trámite.
La Fiscalía sostiene que también se buscó la forma de autorizar el cambio de uso de suelo y la tala de un área de bosque.
Alega que la Secretaria General de Setena ayudó al exministro Dobles a justificar estas decisiones.
En el 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo anuló resoluciones de Setena, Minae y el decreto ejecutivo de octubre del 2008 al considerar que eran ilegales. Con esto se anuló la concesión del proyecto minero y empezó una disputa legal internacional con Industrias Infinito.
El abogado José, Miguel Villalobos, defiende a cinco de los siete imputados, entre ellos al exministro Dobles.
Aseguró que sus representados no incurrieron en delitos a la hora de tomar decisiones de índole administrativo que pudieron ser cuestionadas.
Por estos hechos, en el 2015 hubo una sentencia que fue anulada, en noviembre del 2022 el juicio inició pero tuvo que cancelarse por problemas de agenda.
