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Activistas piden a Obama un TPS que evite la deportación de centroamericanos

  • Published in Internacionales

Trescientas ochenta organizaciones pidieron hoy al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que apruebe un Estatus de Protección Temporal (TPS) que evite la deportación de cerca de 1,2 millones de indocumentados procedentes de El Salvador, Honduras y Guatemala.

En una misiva enviada hoy, estos grupos consideran que la "seguridad" de estos inmigrantes puede estar en peligro si son deportados, por lo que el TPS representaría una "significativa acción ejecutiva en materia de inmigración que su Administración puede tomar durante sus últimos meses en el cargo".

De esta forma, consideran, se paliaría en parte la actual situación de bloqueo de las medidas ejecutivas aprobadas en 2014 por Obama: la ampliación del alivio migratorio conocido como la Acción Diferida (DACA) para los jóvenes inmigrantes y su equivalente para los padres (DAPA).

El bloqueo de estas iniciativas, que quedaron en el limbo después de que los jueces del Tribunal Supremo empataran en junio pasado en la votación sobre su legalidad, es, en su opinión, "devastador para los inmigrantes indocumentados y familias mixtas".

Mientras se resuelve el proceso legal, afirman, los indocumentados sufren las "indignidades y la devastación del disfuncional sistema migratorio de nuestro país".

"Ya no puede esperar a la resolución de este litigio o la promesa perpetua de una reforma migratoria integral", señalan los firmantes, entre los que están Fair Immigration Reform Movement (FIRM), Kids in Need of Defense (KIND), la Liga de los Latinoamericanos Unidos (LULAC), el Consejo Nacional de La Raza (NCLR) y Voto latino, entre otros.

El litigio por DACA y DAPA entre el Gobierno y una coalición de 26 estados, en su mayoría republicanos, liderados por Texas, no "elimina", en su opinión, la "responsabilidad" de la Administración Obama de "proporcionar alivio durante la parte final de su término".

Lamentaron que Obama dijera que ya no se deben esperar por su parte "acciones ejecutivas adicionales" en esta materia, pues, en su opinión, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) todavía tiene "autoridad legal" para brindar "protección" a la comunidad indocumentada. 

Por ello, reiteraron la petición que en enero pasado realizaron en este sentido más de 270 organizaciones civiles para que haga uso del TPS como una "valiosa e infrautilizada" herramienta ejecutiva que superaría los retos legales que supusieron la demanda contra la ampliación de DACA y la creación de DAPA.

Señalan que el aumento en la llegada de familias y niños que huyen de estos países no es un asunto de inmigración, sino más bien una "auténtica crisis humanitaria que necesita desesperadamente una respuesta adecuada". 

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB), desde octubre de 2015, cuando comenzó el actual año fiscal, hasta julio pasado, llegaron a la frontera sur 48.311 menores sin la compañía de un adulto y 58.720 familias, lo que supone un aumento del 57 % y del 100 %, respectivamente, en relación al mismo periodo del año fiscal anterior. Su petición, afirman, tiene el apoyo de más de 200 grupos de fe, más de 100 profesores de derecho y 22 académicos; 146 miembros de la Cámara de Representantes y 23 miembros del Senado.

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